Cuatro juzgados de Madrid investigan un supuesto fraude millonario en las subvenciones que otorga el Ministerio de Cultura a las productoras de películas españolas. El fraude consiste en sobredimensionar falsamente las taquillas y entradas de espectadores para aparentar que el filme reúne los requisitos que establece la normativa que regula las subvenciones y obtener así ayudas que pueden alcanzar los 1,5 millones de euros, según un informe remitido por Cultura a la fiscalía y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Solo en 2012, Cultura sospechó de la veracidad de los datos facilitados por exhibidores de 38 de los 74 filmes que pidieron ayudas. Las pesquisas judiciales salpican a productoras, distribuidoras y salas de cine de toda España.

El monto del fraude no está aún cuantificado, pero fuentes jurídicas sostienen que puede ser elevado dado que los requisitos supuestamente trampeados para acceder a las ayudas tienen soporte legal desde hace muchos años. De hecho, esta normativa ha sido criticada por el propio gremio por sus efectos perversos.

Cultura otorga las subvenciones en función de una combinación de parámetros que valoran la inversión realizada, su recaudación y, básicamente, la cifra de espectadores. “Para cobrarla hace falta un mínimo de 60.000 espectadores, o 30.000 si la película es en lengua no castellana”, confirmó José Manuel Bernabé ante uno de los juzgados que investigan este fraude. Bernabé ha sido secretario general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura y el organismo que supervisa las ayudas. Las salas de cine están obligadas a facilitar los datos de recaudación y espectadores al ICAA.

Los investigadores sostienen que “en el falseamiento al alza de las recaudaciones” no solo han intervenido los dueños de las salas. “Hay pruebas indiciarias de que se están desarrollando prácticas previsiblemente concertadas [con productores y distribuidores]”, señala el ICAA en el informe remitido a la Fiscalía de Madrid, que dirige el fiscal jefe José Javier Polo. Algunas de las películas bajo sospecha son de los productores José Frade y Enrique Cerezo, entre otros. Cerezo explicó a EL PAÍS que no ha “sido informado ni tiene conocimiento” de anomalías en los datos de sus películas. Frade, por su lado, ha declinado hablar sobre este asunto.

Supuestas connivencias
Según acredita el informe de Cultura, incorporado a los distintos sumarios, muchas salas falsean las cifras de espectadores y de recaudación para “obtener subvenciones” del Gobierno. Los beneficiarios de las ayudas son las productoras, de ahí las supuestas connivencias entre los diferentes escalones del negocio.

Fruto de este fraude, entre otras razones, el Ministerio de Cultura modificó el pasado verano la Ley 55/2007 del Cine y cambió la metodología para acceder a las ayudas. Por tanto, a partir de enero de 2016, la subvención empieza a darse a medida que la película se va produciendo, indica un portavoz del ICAA. El cambio ha hecho que la suma de los dos sistemas de ayudas de Cultura —el anterior a posteriori y el actual, a priori— alcance los 60 millones para 2016.

Los juzgados de Madrid que indagan este fraude son el número 41 (Diligencias Previas 1850/2013, contra la firma Luna Exhibición, S. L.); el 23 (DP 4869/2013, contra AbacoCine), y el 29 (contra Séptimo Arte Exhibición). Además, hay un cuarto juzgado, el 40, que ya ha remitido las pesquisas para que se celebre un juicio: los implicados han decidido devolver el dinero y aceptan una pena reducida.

En su informe, el ICAA describe graves “infracciones administrativas, y también ilícitos penales (delitos)”, entre ellos, el de falsedad y fraude en las subvenciones. Ante las reiteradas sospechas sobre recaudaciones hiperinfladas, el ICAA envió por sorpresas en 2012 a sus inspectores a determinadas salas. Estos observaron cines que comunican que a una determinada película han ido más de cien personas, cuando en realidad han acudido una o dos, o ninguna; y otras que fingían proyecciones y espectadores irreales.

El informe del ICAA detalla “anomalías en la recaudación de las taquillas obtenidas y los espectadores asistentes” de 38 películas. Algunas de ellas son 'La Montaña Rusa', de Enrique Cerezo P. C., o 'Holmes & Watson. Madrid Days', de Nickel Odeon, ambas exhibidas a través de las salas de la firma Abacocine-Cinebox. Otras películas investigadas son 'De Mayor quiero ser soldado', una co-producción de España-Italia entre Canónigo Films y Produzione Straordinaria; 'Don Mendo Rock ¿La venganza?, película de 2010 producida por José Frade Producciones Cinematográficas; o 'Los Muertos no se tocan, nene', de 2011 y producida por Gona Centro de Producción. Fuentes de esta productora admiten que tienen “congelada” la subvención de 2012, algo más de 400.000 euros, aunque ignoran los motivos. De hecho el Ministerio de Cultura lo que ha hecho con todas ellas es minorarle de oficio los datos que sobre ella facilitaron las salas donde fue proyectada porque estas “no aportaron la documentación justificativa del número de espectadores y recaudación”.

El ICAA sostiene que la taquilla de estos títulos fue falseada “con la finalidad de posibilitar a las productoras su participación en las convocatorias de ayudas a la amortización de largometrajes”. Según fuentes jurídicas, a veces el engaño consiste en que la productora ordena a la distribuidora que compre entradas sin espectadores para cubrir el cupo. Pero en la mayoría de los casos se investigan alzamientos ficticios de entradas. La fiscalía empezó denunciado a los dueños de las salas, pero la investigación ha avanzado y las imputaciones afectan ya no sólo a exhibidores, sino también a productores y distribuidores.

Sospechas en 228 salas sobre la cifra real de espectadores
La investigación por falsedad y fraude en las subvenciones al cine español se basa en un informe remitido a la fiscalía por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Este organismo público solicitó en 2012 a decenas de cines que acreditasen el público asistente a las películas y su rendimiento. Muchos lo hicieron, otros enviaron documentación incompleta, y otros, nada.

A muchas salas con películas aspirantes a ayudas, el ICAA les indicó que debían “revisar” los datos facilitados o, en su caso, acreditarlos con todos los documentos justificativos de las entradas vendidas. En concreto, con el libro diario y el de caja, con sus respectivos arqueos, y los extractos bancarios. También demandó el libro con las facturas emitidas para las gestoras de derechos de autor. “La mayoría de las empresas requeridas”, según el ICAA, aportaron lo solicitado. O eso creen los responsables de este organismo, que confiesan en su informe a la fiscalía que carecen de “capacidad” para indagar si los datos “de carácter fiscal y contable” facilitados eran o no falsos.

“Información deficiente"
El 9 de septiembre de 2012, el ICAA dirigió un nuevo escrito a “determinadas empresas que no habían aportado la información solicitada o esta era insuficiente”. Y les dio un plazo de cinco días para hacerlo o, en caso contrario, “descontaría del cómputo, a efectos de las subvenciones, todas aquellas operaciones de venta de entradas” no justificadas, aparte de avisarles de que podían perder totalmente la subvención y ser sancionadas en el ámbito administrativo.

El 26 de octubre de 2012, Cultura, en su web, publicó las subvenciones a las películas; y ya en ese momento figuraba el resultado “del descuento” aplicado a las productoras infractoras. Tras analizar toda la información, el ICAA concluyó que eran “dudosos los datos correspondientes a 38 películas, de las 74 que habían concurrido a la convocatoria de 2012 de ayudas a la amortización”. Y que el número de “salas afectadas por las irregularidades era de 228, con 4.968 exhibiciones de películas, y todo ello con un importe total de recaudación de 3,6 millones de euros”. Detrás de las 38 películas investigadas hay un total de 68 productoras.

Tras una segunda criba, el ICAA decidió finalmente actuar contra 12 de los 38 filmes. A los restantes les dio luz verde para la subvención “ante la imposibilidad de investigar a fondo si los datos suministrados eran correctos”. Sí actuó, en cambio, contra 12 películas, a las que redujo, congeló o eliminó la subvención.