Los cambios a la ley que permitirá el cierre de webs, aplazados hasta el 8

[coriano2323]

Los cambios a la ley que permitirá el cierre de webs, aplazados hasta el 8 de enero

Ese día, la Ley será remitida a los órganos consultivos.

En febrero llegará al Parlamento para su tramitación.

Se espera que pueda entrar en vigor en verano.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance del año y una previsión de cómo vendrá 2010, ha anunciado que la polémica disposición final de la Ley de Econmía Sostenible no experimentará ningún cambio al menos hasta primeros del año que viene.

El presidente del Gobierno ha dicho: "el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos". Se prevé que en febrero la Ley llegue al Parlamento para su tramitación y que esté lista para entrar en vigor el próximo verano.

Breve historia de una ley polémica

La noticia de la posibilidad del cierre de páginas web sin que medie un juez se extendió rápidamente por la Red. Apenas unas horas después, el descontento se canalizó en un manifiesto, redactado de forma espontánea, colectiva y democrática en la noche de este martes, al que en pocas horas se adhirieron miles de blogs. Al mismo tiempo, grupos de ciudadanos pedían a través de Facebook y Twitter una reunión con la ministra de cultura.

La reunión de la 'Lista Sinde', puntualmente transcrita a través de Twitter, no sirvió para acercar posturas, pero sí para forzar la intervención de Zapatero, que terció en la polémica asegurando que "no se va a cerrar nada en la Red", palabras que sonaron a una desautorización de la postura de su ministerio. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (tras el Consejo de Ministros), defendió a González Sinde y desmintió los rumores de dimisión, alentados por el PP.

La polémica suscitada por las medidas del Gobierno contra la piratería en Internet no tiene visos de decaer, más bien todo lo contrario. El pasado 18 de diciembre, una amplia representación de la industria cultural española hizo pública una carta abierta a José Luis Rodríguez Zapatero para mostrar su indignación y exigir respeto.

Mientras, en Internet surgen nuevos movimientos contrarios a la ley prevista por el Gobierno. Uno de los más recientes es La lista de Sinde, una página web que pretende ayudar a los internautas a encontrar archivos descargables de Internet mediante dos widgets

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/598181/0/cambios/cierre/webs/#comentarios

Saludos

[coriano2323]

Las 'webs' de descargas se podrán cerrar en un mes con orden judicial

La futura Comisión de Propiedad Intelectual actuará como órgano denunciante

El Gobierno ya tiene perfilado el procedimiento para bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.

Este modelo de la autorización judicial para adoptar una medida cautelar es el que emplean los ayuntamientos para la paralización de una obra o el que permite la retirada de anuncios y campañas publicitarias ilícitas, bien por tratarse de publicidad falsa o porque difunden mensajes que dañan la reputación de una persona o una entidad. En ambos casos, la petición proviene de un organismo administrativo o un particular: Instituto Nacional de Consumo, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o titulares de un derecho o de un interés legítimo, entre otros.

Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Esta intervención cautelar otorga una mayor rapidez al proceso, añadiendo efectividad a la medida que, de seguir el cauce judicial ordinario resultaría ineficaz, al haberse producido el daño ya, puesto que la sentencia llegaría posteriormente.

En el caso de las descargas de Internet, el organismo administrativo será la controvertida Comisión de Propiedad Intelectual. Ésta tendrá la potestad de pedir autorización judicial para que la página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos ilícitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la Comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental. No obstante, el fondo del asunto es decir, la controversia derivada de si la página web vulnera o no la ley -en este caso la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- pueden ser dirimidas a posteriori por los cauces ordinarios. Es decir, se trata de un procedimiento mixto que permitiría a la Comisión pedir medidas cautelares rápidas con una autorización judicial previa, aunque tanto la Comisión como los responsables de la web denunciada deben dirimir la querella sobre el fondo del asunto en la jurisdicción ordinaria. El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será "brevísimo", menos de un mes, y, en "casos especiales, incluso en una semana", según fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno intenta dar así una solución salomónica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole tal y como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa, cuya demanda provocó una revuelta digital que obligó al Gobierno, con su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, a salir a la palestra para asegurar que "no se cerrará ninguna web" sin que lo decidiera un juez.

Antes de que un juez adopte cualquier medida cautelar, será preciso otorgar una serie de garantías a los dueños de las páginas web, como concederles un plazo para que supriman los elementos ilícitos de las páginas afectadas, cuya duración podría rondar los tres días, como sucede en el caso de la publicidad engañosa.

Para la puesta en marcha de este procedimiento, el Gobierno quiere evitar a toda costa modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Fue en esa disposición en la que el Ejecutivo modificó la LSSI equiparando la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. La disposición también modificaba la Ley de Propiedad Intelectual creando la Comisión de Propiedad Intelectual, una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet.

El reglamento debe precisamente dilucidar la composición y el funcionamiento de esta comisión. Se quiere que la misma esté integrada por expertos independientes, entre los que figuren magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet.
Un asunto políticamente incorrecto

El Gobierno debía haber presentado las conclusiones del informe que le encargó a la Comisión Interministerial sobre la protección de los derechos del autor antes de fin de año, pero prefirió posponerlo para el primer Consejo de Ministros de 2010, que se celebrará el próximo viernes, día 8.

Y es que el Ejecutivo quiere andar con pies de plomo en este tema. La polémica surgida cuando EL PAÍS desveló que La Moncloa había introducido inesperadamente y con secretismo la legislación antidescargas en la Ley de Economía Sostenible, puso en serios apuros a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y desató una tormenta de declaraciones entre varios miembros del Gobierno para intentar calmar los ánimos.

La propuesta final no es la única que se ha barajado. Entre otras fórmulas, se contempló la posibilidad de crear juzgados especiales para delitos contra la propiedad intelectual, que tramitaran los casos con juicios rápidos. Sin embargo, parece improbable que se adopte finalmente esta medida, considerada cara y poco ágil, puesto que necesitaría montar una infraestructura completa.

La polémica ha sido rápidamente instrumentalizada en el ámbito político. La oposición, con el PP a la cabeza de la manifestación, ha tachado el proyecto de un intento de censura en Internet y ha pedido su retirada. Ante el oportunismo del PP y la airada reacción de muchos internautas contra el proyecto, el PSOE ha intentado marcar distancias, y miembros del partido -e incluso algunos de los que se han erigido en portavoces del movimiento internauta, muy próximos al PSOE- han tratado de exculpar a Zapatero y a su Gabinete de la autoría de la norma, culpando a la ministra de Cultura, que figura como independiente. Ahora, esa normativa va a ser tratada por el Consejo de Ministros.

Y el Gobierno, en pleno, deberá asumir sus consecuencias.

Hitos antidescarga

- 16 de abril 2009. Redtel, que agrupa a las operadoras de acceso a Internet y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, rompen las negociaciones para una regulación de consenso. El Ejecutivo encarga a una comisión interministerial un informe con propuestas legislativas contra la "piratería".

- 25 de noviembre. El Parlamento Europeo aprueba la directiva que da libertad a los Estados de la UE para legislar sobre el control de la Red. Con los votos de PP, del Grupo Socialista y del Partido Pirata sueco, se elimina la enmienda que obligaba a la intervención judicial previa.

- 1 de diciembre. EL PAÍS desvela que la disposición

final de la Ley de Economía Sostenible incluye una normativa antidescargas. Se introduce la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" como uno de los cinco motivos por los que se puede bloquear una página web y se crea una Comisión de Propiedad Intelectual como órgano administrativo denunciante.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/cultura/webs/descargas/podran/cerrar/mes/orden/judicial/elpepucul/20100104elpepicul_1/Tes

Saludos

[jescri]

Que mal se está poniendo ésto tú   

[Sullivan]

El Gobierno dice mucho y luego hace poco, llevan diciendo que las van a cerrar desde que yo naci y mira ahi siguen

[Turbolover1984]

Y justamente lo dice elpaís. Si es cierto que la cosa se está poniendo chunga de un tiempo para acá pero a estos les gusta mucho hacer campañas de desinformación y miedo y yo por lo leido en esta noticia no veo que cambie la cosa. Sigue estando en manos de un juez que es el paso que querían saltarse y a no ser que cambie el criterio de los mismos de repente o se inventen leyes nuevas, hasta ahora las sentencias que han habido han sido todas favorables a las webs dado que compartir con ánimo de lucro no es delito y a parte ninguna web aloja elinks en ella, enlaza a un programa p2p.

El único cambio que veo esque si es cierto, hasta que te lleven a juicio te bloquean la web porque si o por tocar los cojones y tenernos sin ella un tiempo siguiendo con el plan de que nos asustemos y si encima nos tienen un tiempo cerrados pues esa alegría que se llevan.

En fin...patético

[Rhaegar]

Además de lo que dices, wiwishu, que es muy cierto, está el problema añadido de los gastos del juicio. Mantener una página web es complicado, sobretodo si estas tu solo o gente que no tiene recursos. De modo que las sociedades estas de idiotautores denuncian, te llevan a juicio, pagas una sablada y cuando termina el juicio, aunque haya resultado a tu favor, tus ganas de continuar con la web, o tu capacidad de costearla, a la mierda.

Y estas sociedades lo saben perfectamente, saben que con los antecedentes en juicios previos de nuestro país no van a ganar el juicio, pero les compensa porque ellos tienen pasta a mansalva y los tíos a los que llevan a juicio, no.

[replicante]

Sigue estando en manos de un juez que es el paso que querían saltarse y a no ser que cambie el criterio de los mismos de repente o se inventen leyes nuevas, hasta ahora las sentencias que han habido han sido todas favorables a las webs dado que compartir con ánimo de lucro no es delito y a parte ninguna web aloja elinks en ella, enlaza a un programa p2p.

Será sin ánimo de lucro más bien, Calderilla


         Lo que deberían hacer las asociaciones de internautas llegado el momento, y si se restringieran las descargas, sería presentar un recurso de incosntitucionalidad para preservar el derecho a poder compartir.

[Turbolover1984]

Sigue estando en manos de un juez que es el paso que querían saltarse y a no ser que cambie el criterio de los mismos de repente o se inventen leyes nuevas, hasta ahora las sentencias que han habido han sido todas favorables a las webs dado que compartir con ánimo de lucro no es delito y a parte ninguna web aloja elinks en ella, enlaza a un programa p2p.

Será sin ánimo de lucro más bien, Calderilla

Eso eso, menudo error   SIN ánimo de lucro.

P.D. Exactamente Rhaegar (lo de wiwishu mio es por los nicks navideños que nos hemos puesto todos, de normal soy er_calderilla ) Juegan con el miedo y con el desánimo. Que tras un proceso así y tras unos cuantos sustos en el cuerpo se te quiten las ganas de seguir con la web. Nosotros somos unos cuantos en el staff, sin publicidad ninguna en la web, pagando de nuestros bolsillos el dominio, el servidor y a parte todas las películas y series que compramos para ripear. Y ninguno somos de grandes recursos así que ya veremos... pero hasta las últimas lucharemos.

[coriano2323]

El Congreso aprobará mañana la ley de Sinde

El PP acusa al Gobierno de estar "obsesionado con controlar los medios de comunicación audiovisuales".

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con
competencia legislativa plena, aprobará mañana el proyecto de Ley
General de la Comunicación Audiovisual y lo enviará al Senado para que
continúe su tramitación parlamentaria, según informaron a Europa Press
fuentes parlamentarias.

La celebración de esta Comisión estaba prevista para el pasado 22
de diciembre, pero toda la oposición -salvo CiU y CC, con quien el PSOE
ha pactado la nueva ley- acusó a los socialistas de querer tramitar la
norma de forma "exprés".

Así, los representantes del PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y
Nafarroa-Bai amenazaron con no acudir a la Comisión Constitucional del
día 22 si no se ampliaban los plazos para poder estudiar y negociar las
600 enmiendas presentadas. Finalmente, la Mesa y Portavoces de la
Comisión trasladó la reunión a mañana.

Todos estas formaciones están en desacuerdo con esta nueva ley,
que establece un nuevo marco para el sector audiovisual. Así, el PP
acusa al Gobierno de estar "obsesionado con controlar los medios de
comunicación audiovisuales" y asegura que la ley supone "una amenaza
para la libertad de expresión".

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad celebrado en el
Congreso, el portavoz 'popular', Miguel Cortés, señaló el Ejecutivo
quiere que las televisiones "se sientan dependientes del Gobierno, de
modo que tengan que buscar su favor o temer su represalia". Según dijo,
esta reforma ha sido promovida "sin diálogo" y la creación del Consejo
Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) supone una "injerencia" del
Ejecutivo en los medios similar a la "legislación chavista o a la de
los regímenes de China o Cuba".

El PNV avisó de que si la norma no se mejora "sustancialmente"
durante su tramitación, sus diputados votarán en contra de la
aprobación de la ley, mientras que para Gaspar Llamazares (IU) este
proyecto se podría llamar la "Ley Berlusconi porque se corresponde con
los intereses del sector privado y no con los intereses generales".

En ese mismo debate, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i
Lleida, se mostró en desacuerdo con el conjunto del proyecto, pero dijo
que es necesaria una ley general que regule el sector. Por su parte, la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega,
defendió que es una ley "liberalizadora, moderna y garantista". "Una
norma imprescindible para el sector y la industria audiovisual
española", indicó.

Por otro lado, la Confederación Española de Organizaciones de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) pidió ayer a los grupos
parlamentarios que la Ley Audiovisual "no recorte los derechos de los
usuarios". En su opinión, los artículos referidos a la protección de la
infancia, los tiempos publicitarios o el régimen sancionador así lo
hacen y, por ello, solicitan que se mejoren estos aspectos.

Fuente: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/congreso-aprobara-manana-ley-sinde

Por otro lado:

La reforma inconstitucional se viste de seda pero inconstitucional se queda

Aviso: Tras leer algunos comentarios en menéame sobre el titulo de esta noticia y que hablaba de reforma "totalitaria", palabra que entienden ha de ser reservada para dictaduras puras y duras, cambio el título para no herir sensibilidades y, fundamentalmente, para intentar que se lea el contenido del artículo, que se refiere a actitudes totalitarias y no a un Estado totalitario.

Leo en El País un artículo donde se explica el procedimiento que se seguirá para el bloqueo por parte del Ministerio de Cultura de páginas webs. Dado que no tengo el texto ni sé si éste ya existe, limitaré mi análisis a la descripción que se hace del procedimiento en esa noticia.

Para empezar debo decir que lo que dice el titular de la noticia es simple y llanamente opuesto a lo que explica el cuerpo de la misma. El titular asegura que "Las webs de descargas se podrán cerrar en un mes con orden judicial". Sin embargo, el desarrollo de ese titular desmiente la anterior afirmación explicando el procedimiento del siguiente modo: "Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental".

Si esto es así, es evidente que entonces la web no se cierra con orden judicial, puesto que en el ámbito de decisión del juez no se incluirá la facultad de acordar si ésta se cierra o no por cometer determinadas infracciones de propiedad intelectual, sino que se limitará a dirimir si la web está ejerciendo ciertos derechos fundamentales que podrían verse afectados en el procedimiento. Dado que la noticia también dice que la criticada disposición del Anteproyecto no se modificará y que ésta intervención judicial es una especie de garantía extra que se incluirá en un reglamento posterior, es claro que sigue siendo la comisión del Ministerio de Cultura la que tiene facultades para cerrar la página web. Es decir, por lo que explica la noticia, el procedimiento sería algo como esto: Si un juez entiende, por ejemplo, que las webs de enlaces no suponen un ejercicio de un derecho de libertad de expresión o información -lo que es fácil que suceda y que es radicalmente distinto a determinar que la web sea ilícita- el asunto quedaría en manos de la comisión del Ministerio de Cultura que será quien decida si esta web infringe derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, si debe o no cerrarse según su propio criterio.

Acto seguido a explicar el procedimiento, la propia noticia, pese a no ser un artículo de opinión, lo bendice explicando su razón de ser, que es la de dar "una mayor rapidez al proceso" ya que "de seguir el cauce judicial ordinario resultaría ineficaz, al haberse producido el daño ya, puesto que la sentencia llegaría posteriormente".

Evidentemente esta justificación que da la noticia es falsa sin más. Con nuestras leyes actuales no es necesario esperar a sentencia para evitar los supuestos daños que se derivan de una infracción. Como es conocido por muchos y no sólo los juristas, existe el procedimiento de medidas cautelares que pueden solicitarse al juez. Estas medidas pueden ser además especialmente rápidas. En determinados supuestos de urgencia pueden pedirse del siguiente modo:

1.- Si bien la norma general es pedir la medida cautelar -en este caso de cierre de una página web- junto con la demanda, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé también la posibilidad de pedirla incluso antes de interponer la demanda.

2.- Además de lo anterior, y para hacer el procedimiento aún más rápido, puede pedirse que las medidas se adopten incluso sin oír al demandado. Y no sólo eso, el Auto que acuerde la medida de cese es irrecurrible para el demandado, quien únicamente podrá promover un trámite específico de oposición ante el mismo tribunal que acordó el cese de la actividad.

No sólo el cauce que dicen que se necesita ya existe y con jueces incluidos, sino que es de hecho el que está siguiendo la industria desde hace años para perseguir la actividad de las páginas de enlaces.

Os pongo un ejemplo real de puesta en práctica de algunas de estas facultades para acelerar plazos para la obtención de medidas cautelares. SGAE presenta una demanda el 20 de Enero de 2009 contra las página webs de enlaces Etmusica.com y Elitemula.com pidiendo el cierre cautelar de las mismas sin audiencia del demandado. El 12 de Marzo de ese mismo año, esto es, menos de dos meses después de la solicitud, el juez acuerda el cierre de la web (auto que después revocó ordenando su reapertura tras la oposición del demandado).

Si hacemos cuentas veremos que el procedimiento descrito en la noticia no será más rápido que el de este ejemplo. Por lo tanto, la diferencia que introduce el nuevo procedimiento que se pretende no afecta a la necesidad de crear un cauce rápido -porque ese ya lo tenemos- la novedad real es que en ese procedimiento rápido el que decide el cierre no será un juez sino una comisión del Ministerio de Cultura.

Hablando sólo por mi experiencia, os haré un resumen de los casos en los que he visto que la industria ha pedido medidas cautelares utilizando algunas de las facultades previstas para reducir los plazos:

1.- Caso Sharemula. Vía penal. SGAE, Microsoft y otras piden al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del denunciado. El juez acuerda que se oiga al denunciado y, tras hacerlo, resuelve que no se cierre la página web. Poco después dicta el sobreseimiento libre de la misma.

2.- Caso indiceweb.com. Vía civil. SGAE pide al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del demandado. El juez acuerda que se oiga al demandado y, tras hacerlo, resuelve que no se cierre la página web por entender que no había apariencia de buen derecho en los fundamentos de la demanda. Desde el día en que la solicitud de cierre entró en el juzgado hasta que el juez resolvió denegarlo pasaron apenas dos meses.

3.- Caso agujero.com. Vía civil. SGAE pide al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del demandado. El juez acuerda que se oiga al demandado y, tras hacerlo, resuelve que no se cierre la página web por entender que no había apariencia de buen derecho en los fundamentos de la demanda. Desde el día en que la solicitud de cierre entró en el juzgado hasta que el juez resolvió denegarlo pasaron apenas dos meses.

4.- Caso etmusica.com. Vía civil. SGAE pide al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del demandado. Menos de dos meses después el juez acuerda el cierre de la web sin dar audiencia al demandado. Tras la oposición de éste, el Juzgado le da audiencia y decide la reapertura de la web con condena en costas a SGAE e imponiéndole además una multa por mala fe procesal en su solicitud de cierre.

Estos son todos los casos en los que yo he visto que los denunciantes o demandantes han intentado cerrar una web del modo acelarado que prevé la ley. Teniendo esto en cuenta, es fácil para mí especular sobre dónde radican los verdaderos motivos de la reforma que se plantea y que, desde luego, no están en una cuestión de plazos, porque ésta se encuentra ya resuelta con los medios actuales. Para saber qué se pretende solucionar con la reforma legal no hay más que analizar dónde está el problema de la industria que la promueve, y éste no se encuentra en que sus solicitudes de cierre se resuelven tarde, sino que se resuelven en su contra. O dicho de otro modo: si aceptamos que las reformas legales pretenden sustituir lo que no funciona por algo mejor, es evidente que con esta propuesta lo que se nos está diciendo desde el gobierno es que en los casos de páginas de enlaces lo que no funcionan son los jueces.

Como ya escribí en una anterior entrada, esta situación mediante la que el poder ejecutivo sustrae determinados ámbitos de decisión al judicial, ya ha sido perfectamente descrita por la sociología jurídica. Boaventura de Sousa Santos, en su libro "Socilogía jurídica crítica" (página 114) dice: "Los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares: transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo".

Fuente: http://www.filmica.com/david_bravo/

Saludos

[coriano2323]

Ciudadanos, expertos, artistas e internautas se reúnen para coordinar una respuesta a Ley de Economía Sostenible

El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid bloggers, expertas/os en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadoras/es-productoras/es y organizaciones de usuarias/os para analizar las nuevas propuestas del Gobierno sobre el polémico artículo incluido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, según el cual se permitiría la desconexión rápida de páginas web antes de una resolución judicial firme como paso previo en su objetivo final de poder desconectar a ciudadanas/os de Internet.

07-01-2010 - El foco de la reunión será plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet.

Zapatero ha declarado recientemente que «el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos».
Parece tratarse de un reglamento que, saltándose la discusión parlamentaria, se pretende aprobar el mismo día 8 en el consejo de ministros.

En paralelo, el día 8 el gobierno inaugura la presidencia de la CE. Las/os ciudadanas/os recordamos que el gobierno de España, presionado por la industria del entretenimiento estadounidense y nacional, ha incluido como prioridad en el semestre de su presidencia la regulación de Internet.

La sociedad civil permanece activa y vigilante en defensa de las libertades fundamentales.

Asociación de Internautas

Fuente: http://www.internautas.org/html/5924.html

Por otro lado:

Los internautas se reunirán para coordinar una respuesta contra la Ley antipiratería

El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid internautas, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y organizaciones de usuarios para analizar las nuevas propuestas del Gobierno en su Ley de Economía Sostenible que prevé bloquear administrativamente páginas web para proteger los derechos de autor.

El foco de la reunión será plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet. El presidente del Gobierno, Jose Luios Rodríguez Zapatero, ha declarado recientemente que "el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos". Parece tratarse de un reglamento que, saltándose la discusión parlamentaria, se pretende aprobar el mismo día 8 en el consejo de ministros.

Camino hacia la censura

Lo que la SGAE y colectivo de autores no ha conseguido por la vía judicial, quieren conseguirlo por la vía administrativa gracias a la disposición final incluida en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenoible. En artículos anteriores explicamos que tal y como está redactado el texto, España camina hacia la censura.

A pesar de que la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde ha pedido tranquilidad a los ciudadanos, los internautas responderán para defender los derechos de todos los ciudadanos. A la reunión acudirá Javier Sanz, en representación de ADSLzone.net.

Fuente: http://www.adslzone.net/article3594-los-internautas-se-reuniran-para-coordinar-una-respuesta-contra-la-ley-antipirateria.html

Saludos

[coriano2323]

OPINION DE FERNANDO ACERO MARTÍN

En defensa de los derechos civiles en Internet

A través de varias páginas, como la de la EXGAE http://exgae.net/coordinar-respuesta , o la de la Asociación de Internautas http://www.internautas.org/html/5924.html , me encuentro esta nota de prensa, que incluso, ya aparece en algunos sitios, traducida a otras lenguas del Estado http://enfocant.net/noticia/bloggers-juristes-creadorseditors-i-ciutadans-tots-contra-la-desconexi-de-webs-sense-ordre-j

08-01-2010 - Su contenido se está extendiendo por la Red como una mancha de aceite, mediante el boca a boca y a través de las redes sociales, como Menéame http://meneame.net/story/expertos-artistas-usuarios-internet-reunen-para-coordinar-ley o Facebook, pero también está calando entre bloggers http://www.google.es/#hl=es&source=hp&q=cordinar+respuesta+%2B+econom%C3%ADa+sostenible&btnG=Buscar+con+Google&meta=&aq=f&oq=cordinar+respuesta+%2B+econom%C3%ADa+sostenible&fp=120d73706d7f3736 y sobre todo, en los periodistas http://deperiodistas.ning.com/profiles/blogs/el-movimiento-contra-la , que se están interesando por la reunión http://www.radiocable.com/reunion-bloggers435.html y por los problemas concretos que causan su convocatoria.

Todo señala a que el detonante ha sido el presunto "globo sonda" http://www.elpais.com/articulo/cultura/cierra/web/descargas/elpepucul/20100105elpepicul_1/Tes publicado en el diario "El País" sobre la polémica Ley de la Economía Sostenible y en particular, sobre la norma que permitiría cerrar páginas web mediante una simple "autorización judicial" en lugar de una "resolución judicial" http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial , que es lo que aparece como necesario en los artículos artículos 18 y 20 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2 de la Constitución Española.

Aunque una autorización judicial puede parecer que es lo mismo que una resolución judicial, lo cierto es que no tienen nada que ver. El derecho procesal lo deja claro y de hecho ¿si es lo mismo, cuál es el motivo que impide sustituir "autorización judicial" por "resolución judicial" en el proyecto del Reglamento?.

Por mi parte, me quedo con lo que pone la Constitución que fue redactada por gente más que competente, así si la Constitución pone "resolución", debe ser "resolución" y punto. Claro, que alguien me puede decir que el cierre de una página web y en las condiciones que se están barajando en el proyecto legislativo, no atenta contra la libre expresión, ni afecta al secreto de las comunicaciones. Bien, se podría estar de acuerdo con ese planteamiento, pero cuando la Constitución dice que hay que recurrir a una "resolución judicial" como garantía para los ciudadanos, en este caso también es lícito pedir las misma terminología legal para obtener las mismas garantías en el proceso de cierre de una página web. No creo que haya que discutir demasiado entorno a este asunto, pero veamos lo que dice la Constitución Española al respecto.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c. A la libertad de cátedra.

d. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Sin lugar a dudas, el incendiario artículo de El País ha levantado una enorme alarma social y como es lógico, la consiguiente polémica en la Red. Durante el día de ayer, a pesar de ser festivo y estar mucha gente offline, se realizaron muchos comentarios en las redes sociales y casi ninguno positivo para el contenido del artículo. Entre las reacciones que hay por la Red, es especialmente brillante esta de David Bravo calificando de inconstitucional la reforma prevista y no hay que ser muy listo para darse cuenta que lo dice claramente el artículo 20.5 de la Constitución.

Pero abundando más en la polémica, parece que casi todo el mundo está de acuerdo en que ya existe un procedimiento legal, constitucionalmente impecable, expeditivo y garantista para todas las partes, a la hora de proceder al cierre de páginas web con contenidos ilícitos y de hecho, se está aplicando sin más problemas desde hace tiempo. Procedimiento, que hace innecesarias y poco justificables cara a la ciudadanía, las modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo y menos, en forma de un Reglamento "de quita y pon", que se puede aprobar, o eliminar, en un simple Consejo de Ministros, añadiendo inseguridad jurídica a las partes.

A la vista de los comentarios de la Red, está claro que la gente valora mucho más las libertades y sus derechos constitucionales de lo que piensan algunos. En algunos sitios, hay comentarios que hacen referencia al artículo 24 de la Constitución y consideran que es lo mínimo a aplicar a la hora de proceder al cierre de una página web y desde el punto de vista de un ciudadano de un Estado de Derecho moderno, que es lo que me considero, creo que es lo mínimo que se debería exigir.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Parece que con la redacción del proyecto y con la explicación que nos dan de él en el diario El Pais, el articulo 24.2 de la Constitución Española no sale demasiado bien parado del intento legislativo. Si solamente se necesita una "autorización judicial" para cerrar una web y no una "resolución judicial", no podemos decir que el proceso sea garantista y mucho menos, que permita una defensa, o la interposición de un recurso ante las actuaciones de la otra parte si no estamos de acuerdo con ellas.

Luego vendrá la demanda del perjudicado y la inversión de la carga de la prueba, algo que creo que no es admisible. El que tire la piedra diciendo que algo es ilegal, que aporte las pruebas necesarias y si luego no lo es, o no lo puede probar, que apechuge con las consecuencias de su acción. Creo que en Derecho está todo inventado, que solamente hay que aplicar lo que hay y punto, es una ciencia muy antigua y ha sido efectiva hasta que alguien inventó e intentó explotar el "uso alternativo del derecho".

Visto lo anterior, parece que los siguientes días van a ser muy divertidos, pero desde mi punto de vista, que es muy particular y con la Carta Magna en la mano, mucho me temo que los convocantes tienen toda la razón del mundo en pedir que se cumpla con la Constitución, pero la polémica está servida. El resultado, próximamente en sus pantallas.

Este es el contenido de la nota de prensa:
Ciudadanos, expertos, artistas y usuarios de Internet se reúnen para coordinar una respuesta a Ley de Economía Sostenible y a la propuesta de reglamento.

El próximo día 9 de enero se reunirán en Madrid bloggers, expertas/os en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios para analizar las nuevas propuestas del Gobierno sobre el polémico artículo incluido en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, según el cual se permitiría la desconexión rápida de páginas web antes de una resolución judicial firme, como paso previo en su objetivo final de poder desconectar a ciudadanos de Internet.

El foco de la reunión será plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet.

Zapatero ha declarado recientemente que «el día 8 de enero, en el anteproyecto de Ley irá la fórmula que remitiremos a los órganos consultivos». Parece tratarse de un reglamento que, saltándose la discusión parlamentaria, se pretende aprobar el mismo día 8 en el Consejo de Ministros.

En paralelo, el día 8 el gobierno inaugura la presidencia de la CE. Los ciudadanos recordamos que el gobierno de España, presionado por la industria del entretenimiento estadounidense y nacional, ha incluido como prioridad en el semestre de su presidencia la regulación de Internet.



La sociedad civil permanece activa y vigilante en defensa de las libertades fundamentales.

"Copyleft 2010 Fernando Acero Martín http://fernando-acero.livejournal.com/66919.html . Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved"

Fuente: http://www.internautas.org/html/5925.html

Saludos

[coriano2323]

La Audiencia Nacional cerrará las web de descargas, según la nueva ley

El Gobierno ya lo tiene claro y el Consejo de Ministros así lo acaba de aprobar. Finalmente será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la encargada de garantizar la revisión judicial de las medidas restrictivas que el Ministerio de Cultura propondrá contra las páginas web denunciadas por atentar contra la propiedad intelectual. Y las medidas se tomarán en un procedimiento rápido de tan sólo 4 días.

Tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible en el Consejo de Ministros comienza la cuenta atrás para el anunciado -y polémico- paquete de medidas contra la piratería en internet, que incluye la retirada de acceso a determinadas páginas web después de varios avisos y con la participación de un juez.

Así será el mecanismo

El Ministerio de Cultura creará una segunda sala para su Comisión de Propiedad Intelectual, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio (en excedencia o servicios especiales) que haya presidido algún importante tribunal, alguien del mundo tecnológico, representantes de los usuarios (internautas) y consumidores así como de los creadores.

En sólo 4 días serán oídas las partes y el juez tomará la decisión de aprobar o retirar la restricción de acceso contra una página web

Esa nueva sala, o sala 2, de la Comisión, gestionará la denuncia de quienes consideren que una página web distribuye contenidos cuyos derechos no detentan. Comprobada la denuncia se enviarán dos avisos a la web y si no responde o corrige la actividad, retirando el contenido, la denuncia y los requerimientos serán enviados al juez, pero no a cualquier juez, sino siempre a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

En el Ministerio de Cultura creen que centralizar en un solo juzgado los procedimientos relativos a estas medidas restrictivas permitirá que la Sala se especialice y que en muy pocos meses haya una jurisprudencia consistente para decantar el mejor criterio en los casos en los que pueda entrar en conflicto la restricción de acceso a páginas web con la protección de los derechos y libertades fundamentales.

4 días

Porque el juez sólo entenderá de ese punto concreto, no entrará en el fondo de la cuestión, sobre si se vulnera o no la propiedad inelectual de un contenido. La Audiencia Nacional sólo garantizará que la medida restrictiva no daña o conculca la libertad de expresión o cualquier otro derecho fundamental protegido por la Constitución. Así, la Sala tendrá 4 días para notificar, oír a las partes y decidir si se aprueban o suspenden las medidas restrictivas propuestas por Cultura. Todo apunta a que en los primeros meses de funcionamiento, la Audiencia Nacional va a tener mucho más trabajo.

Una vez comprobado que se protejen todos los derechos y libertades fundamentales se tomará la decisión correspondiente y el proceso sigue un curso legal. Es decir, las medidas entrarían en vigor de manera cautelar para proteger el contenido de mayores daños, pero las partes aún tendrían oportunidad de recurrir las medidas (la web) o solicitar indemnizaciones (el creador o productor) a los que hayan infringido la ley, dentro de un proceso civil ordinario, que se prologará a buen seguro durante años.

Tras la aprobación hoy en el Consejo de Ministros, el paquete de medidas pasará el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y continuará el trámite, junto con la Ley de Economía Sostenible.

El paquete de medidas entrará en vigor después de verano, pasada la Presidencia Española de la UE

Después del verano

El Ministerio de Cultura, mientras tanto, redactará el Reglamento mediante el cual se fundará la sala 2 de la Comisión de Propiedad Intelectual y se desarrollarán las medidas y el funcionamiento administrativo que las rodea. El plazo final para que toda la maquinaria antipiratería española entre en funcionamiento será después de Verano, una vez acabada la Presidencia Española de la UE.

Fuente: http://www.abc.es/20100108/cultura-/audiencia-nacional-cerrara-201001081243.html

Saludos

[Rhaegar]

Traducción:





Si estuviera un poco más indignado, creo que explotaría.

[coriano2323]

Los internautas preparan una serie de acciones contra los planes del Gobierno

Colectivos de internautas, bloggers y juristas se han reunido hoy en Madrid para coordinar una serie de medidas en contra de los planes del Gobierno para proteger a los autores.

Durante más de cinco horas, los internautas se han reunido en Madrid con el objetivo de responder ante los planes del Gobierno que permitirán bloquear páginas web administrativamente.

"Lo que plantea el ejecutivo es anticonstitucional y no es acorde con el estado derecho". El viernes el Gobierno dio luz verde al bloqueo de páginas web por parte de una Comisión de expertos dependiente del Ministerio de Cultura y no tiene sentido que haya "leyes especiales para Internet".

La semana que viene se emitirá un comunicado una vez que se conozca el texto definitivo. De momento, aunque el Ministro de Justicia ha explicado como se desarrollará la ley contra las descargas, no se conoce el texto y por tanto no se puede valorar.

La respuesta será contundente

El consenso entre los internautas es absoluto, todos los colectivos entienden que la disposición adicional abre la puerta a la censura y es anticonstitucional. No se descartan movilizaciones y acciones a través de la red para conseguir que se modifique el texto de la Ley de Economía Sostenible.

A la reunión han asistido Miguel Pérez (AUI), Víctor Domingo, (AI), el abogado Javier Maestre, Fernando Berlín,  Mario Pena, Alberto Barrionuevo, miembros de hacktivistas, Simona Levi (EXGAE), Javier (ADSLzone), entre otros.

Fuente: http://www.adslzone.net/article3602-los-internautas-preparan-una-serie-de-acciones-contra-los-planes-del-gobierno.html

Saludos

[coriano2323]

LA RED DESENMASCARA LAS INTENCIONES OCULTAS

La verdadera cara de la Ley Sinde: "Aunque se vista de seda es inconstitucional"

Los internautas no están dispuestos a dejarse engañar y han desenmascarado las peligrosas consecuencias que esconde esta Ley. No existirá la intervención judicial anunciada y los derechos fundamentales de los ciudadanos se violarán con un embuste de proceso administrativo dirigido desde el Gobierno.

BÁRBARA AYUSO

El simplista llamamiento de Sinde no ha calado en la red: "Que no se preocupen los internautas" decía este viernes la ministra. Pues están preocupados, y mucho. Tras el fugaz "aperitivo" que el viernes daba Francisco Caamaño sobre la ley antidescargas, la red vuelve a ser un hervidero.

Las tribunas de Internet se han convertido en un contrapeso clave a las intenciones claramente totalitarias de esta polémica reforma. Detrás de las consignas demagógicas de los titulares del Gobierno, sosteniendo que con esta modificación habrá "tutela judicial previa" ha surgido la reacción de los internautas, que no están dispuestos a que nos den gato por liebre.

La frase que encabeza el texto corresponde a David Bravo, uno de los mayores abogados expertos en Propiedad Intelectual. A través de su blog desvela los múltiples abusos en los que incurre la ley, a expensas de que este lunes se conozca el texto completo. El primer punto polémico surgía en torno a la labor que desempeñará la Comisión de la Propiedad intelectual creada por Sinde. Inicialmente la ministra anunció que sería este órgano el encargado del cierre de webs, pero  el presidente del Gobierno tuvo que recular, por el rechazo unánime provocado en la red, y anunció que sería un juez el encargado de la suspensión.

Pero esta intervención judicial no es más que una tapadera, que trata de esconder que la Comisión no ha perdido su papel, sino que será ese órgano dirigido por Cultura quien determine qué webs serán cerradas. Desmenuzando el procedimiento anunciado el viernes, se evidencia que el encaje de bolillos del Ejecutivo no engaña a nadie.

Jugando al despiste, Caamaño aseguraba que será un juez quien "ponderará" si las páginas infringen la propiedad intelectual. Pero no. Será la Comisión del Ministerio de Cultura, atenta a sus propios intereses, quien decida si hay o no infracción. Una vez que, conforme a criterios interesados y no legales, la Comisión señala una web, sí se dirigirá a un juez pero ya se habrá presupuesto que existe delito.

La Comisión solo le preguntará al magistrado si quitar el contenido de la página afecta al derecho de la libertad de expresión o de información del dueño de la página; en ningún caso le cuestionará si el usuario realmente ha violado la propiedad intelectual. Digámosle adiós a la presunción de inocencia.

Tantas modificaciones... ¿Para cerrar "sólo cien webs"?

Es decir, que el Gobierno ha escogido encuadrar estas medidas en el marco de lo contencioso administrativo para beneficiarse del privilegio de la autoejecución, como señala la abogada Paloma Llaneza. Estos procesos se sustentan sobre el latinajo solvere et repete: recure si quieres, pero primero paga o avala porque el recurso no para la ejecución.

De este modo, los propietarios a los que cierren sus páginas web y quieran defender su derecho a la libertad de expresión, se enfrentarán a un largo peregrinaje administrativo; difícilmente asumible si no eres Google.

Esta modificación bajo cuerda ha despertado las sospechas de los internautas, a pesar de que Sinde minimizase el asunto asegurando que solo se iría "a lo sumo, a por cien webs".

Conforme a nuestra legislación los conflictos entre editores de webs y los titulares de contenidos sujetos a derechos de autor deben dirimirse por un proceso civil, mercantil, o a lo sumo penal. Pero ahora será una jurisdicción pensada para los conflictos entre la administración y los ciudadanos, como señala Carlos S. Almeida en El Mundo. Es decir, el titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados será automáticamente tutelado por la administración, mientras que el ciudadano propietario de la web, será considerado infractor, y correrá bajo su cuenta y riesgo defender sus derechos fundamentales, amparados por la Constitución española.

Este procedimiento, regulado en los artículos 114 al 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, está dirigido a proteger derechos fundamentales, como el de reunión o manifestación. Ahora, estos derechos irrenunciables e inalienables, quedarán al mismo nivel que la propiedad intelectual, un auténtico revés para las libertades individuales de todos los ciudadanos.

El asunto no es baladí. Considerar la propiedad intelectual como un derecho fundamental, equiparándolo con la libertad de expresión, instaura un precedente peligrosísimo. El Ejecutivo ha forzado de tal modo la máquina, que modificará una Ley orgánica para ejercer control político sobre la actividad judicial, amén de defender los supuestos derechos de los lobbies por todos conocidos, vapuleando las libertades de todos, constitucionalmente instauradas.

La clave podría ser la que señala Enrique Dans, antiguo columnista de Libertad Digital: "El procedimiento existente hasta ahora funcionaba perfectamente en nuestro país: los derechos de propiedad intelectual estaban suficientemente protegidos. ¿Problema? Las resoluciones de los jueces no gustaban a los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual". Ahora estarán contentos.

Fuente: http://www.libertaddigital.com/internet/la-verdadera-cara-de-la-ley-sinde-aunque-se-vista-de-seda-inconstitucional-se-queda-1276381054/

Saludos