No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs

[coriano2323]

Ley Biden- Sinde: ¿A quién representan nuestros senadores?

Es hora de ir sabiendo quién es quién en el Senado español, de conocer los nombres y apellidos de aquellos que, se supone, nos representan en la Cámara Alta, y de enterarnos de que es lo que vota cada uno de ellos en el asunto siempre sucio y antidemocrático de la Ley Biden- Sinde. A estas alturas, no creo que nadie necesite de más aclaración sobre lo que es esa ley, y sobre lo que va a significar para Intetrnet una vez aprobada, de modo que si quieres impedir que la censura se instale en nuestra sociedad, debes tomar partido. Y no puede esperar, ya no hay más tiempo: O nos movemos, o en muy pocas semanas empezarán a desaparecer sitios web, bajo la bota implacable de la Sección Segunda.

Los padres y madres de la Patria que relaciono a continuación han hecho posible con sus votos, por acción o inacción, que la ley Biden- Sinde sea reintroducida en el contenedor que es la ley de economía sostenible. Atendiendo a intereses extranjeros, defendiendo las tesis rebatidas hasta la saciedad de la industria y el  negocio privado que pretende perpetuar su modelo a base de frenar la evolución en seco, non han escupido una y otra vez.  En lugar de escuchar las voces de lxs ciudadanxs, miles, decenas de miles, se pliegan a los deseos de las multinacionales, y traicionan la confianza que los votantes depositamos en ellos en su día (quien lo hiciera, vaya).

Si tenemos en cuenta que a los senadores se les elige por lista abierta, es decir, se vota a la persona, y no como en el Congreso, que se vota a la lista cerrada del partido, a sus señorías no les va a hacer ninguna gracia que se sepa que han resucitado un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales del Pueblo, en beneficio muchimillonario de unos pocos, y en perjuicio de la inmensa mayoría de nosotrxs.

La idea, obviamente, es saber quién vota que, para poder corresponderles con la misma moneda cuando toquen elecciones al Senado.

Relación de senadores y senadoras que han hecho posible la reintroducción de la ley Biden- Sinde en la LES

ABAD BENEDICTO, ENRIQUE (GPS) . Electo por Sevilla
ABEJÓN ORTEGA, ADOLFO (GPP) . Electo por Valladolid
ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
ABREU EXPÓSITO, AURELIO (GPS) . Electo por Tenerife (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
AGRAMUNT FONT DE MORA, PEDRO (GPP) . Electo por Valencia
AGÜERO RUANO, MARÍA DEL MAR (GPP) . Electa por Almería
AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN (GPP) . Electo por Córdoba
ALARCÓ HERNÁNDEZ, ANTONIO (GPP) . Electo por Tenerife (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
ALBORCH BATALLER, CARMEN (GPS) . Electa por Valencia
ALCALDE SÁNCHEZ, GUSTAVO (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de Aragón
ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Canarias
ALEIXANDRE I CERAROLS, ROSA NURIA (GPCIU) . Electa por Girona
ALONSO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (GPS) . Electo por Asturias
ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO (GPP) . Electo por Castellón
ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU) . Electo por Lleida
ANDRÉS PRIETO, RAQUEL MIRIAM (GPS) . Electa por Palencia
ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR (GPP) . Electa por Soria
ARAGÓN AMUNARRIZ, MARÍA DEL CARMEN DE (GPP) . Electa por Ávila
ARAUZ RIVERO, MIGUEL ÁNGEL (GPP) . Electo por Sevilla
ARENAS BOCANEGRA, FRANCISCO JAVIER (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía
ARJONA SANTANA, MANUEL (GPS) . Electo por Málaga
ASENSIO MARTÍNEZ, DIEGO MIGUEL (GPS) . Electo por Almería
ATALAYA DE TENA, MANUEL PAULO (GPP) . Electo por Badajoz
ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) . Electo por Zaragoza
AZORÍN SORIANO, JUAN PASCUAL (GPS) . Electo por Alicante
BARREIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (GPP) . Electo por Lugo
BECANA SANAHUJA, JOSÉ MARÍA (GPS) . Electo por Huesca
BELLA GALÁN, FRANCISCO (GPS) . Electo por Huelva
BELTRÁN RUIZ, ROSA (GPS) . Electa por Huelva
BERMEJO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS (GPP) . Electo por La Rioja
BERMÚDEZ DE CASTRO MUR, ROBERTO (GPP) . Electo por Huesca
BLANCO GARCÍA, JAIME (GPS) . Electo por Cantabria
BLASCO MARQUES, MANUEL (GPP) . Electo por Teruel
BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP) . Electa por Alicante
BORREGO IZQUIERDO, JUANA (GPP) . Electa por Segovia
BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP) . Electo por Toledo
BURGOS GARCÍA, JOSÉ MARÍA (GPS) . Electo por Ávila
BURGOS PÉREZ, IGNACIO (GPP) . Electo por Ávila
BUSTOS AMORES, PEDRO (GPS) . Electo por Cuenca
CABALLERO MOYA, HILARIO (GPS) . Electo por Ciudad Real
CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP) . Electo por Almería
CAMACHO SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL (GPS) . Electo por Toledo
CAMACHO VÁZQUEZ, MARÍA TERESA DEL CARMEN (GPS) . Electa por Huelva
CANDINI I PUIG, MONTSERRAT (GPCIU) . Electa por Barcelona
CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) . Electo por León
CARDONA PRADES, JUAN BAUTISTA (GPS) . Electo por Castellón
CARRACAO GUTIÉRREZ, JOSÉ (GPS) . Electo por Cádiz
CASAS I BEDÓS, JORDI (GPCIU) . Designado por la Comunidad Autónoma de Cataluña
CASCALLANA GALLASTEGUI, ENRIQUE (GPS) . Electo por Madrid
CASTOSA ALVARIÑO, ARMANDO (GPP) . Electo por Lugo
CASTRO MATEOS, MARÍA JESÚS (GPS) . Electa por Cádiz
CEBALLOS CASAS, MARÍA LUISA (GPP) . Designada por la Comunidad Autónoma de Andalucía
CERDÁN GOSÁLVEZ, FERMÍN JOSÉ (GPP) . Electo por Albacete
CEREZALES GONZÁLEZ, FIDEL (GPP) . Electo por León
CHIQUILLO BARBER, JOSÉ MARÍA (GPP) . Electo por Valencia
COBALEDA HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA (GPP) . Electa por Salamanca
CONDE BAJÉN, AGUSTÍN (GPP) . Electo por Toledo
CONDE DEL CAMPO, JORGE JUAN (GPS) . Electo por Valladolid
CONDE VÁZQUEZ, MATÍAS (GPP) . Electo por Huelva
CONTRERAS OLMEDO, MARÍA BEGOÑA (GPP) . Electa por Burgos
CORNEJO LÓPEZ, JUAN MARÍA (GPS) . Electo por Cádiz
COSPEDAL GARCÍA, MARÍA DOLORES DE (GPP) . Designada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
CRESPO MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES (GPP) . Electa por Valencia
CRUZ GARCÍA, SALVADOR (GPP) . Electo por Salamanca
CUERVO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (GPS) . Electo por Asturias
CUEVAS CUERDA, DIMAS FRANCISCO (GPP) . Electo por Albacete
CUEVAS VILLOSLADA, CARLOS (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de La Rioja
CURBELO CURBELO, CASIMIRO (GPS) . Electo por La Gomera (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
DÍAZ RODRÍGUEZ, LETICIA (GPP) . Electa por Cantabria
DÍAZ TEJERA, ARCADIO (GPS) . Electo por Gran Canaria (LAS PALMAS)
DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN (GPP) . Electa por Melilla
DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA (GPS) . Electa por León
ELBOJ BROTO, FERNANDO (GPS) . Electo por Huesca
ELORRIAGA PISARIK, BEATRIZ MARÍA (GPP) . Designada por la Comunidad de Madrid
ESCUDERO BERZAL, BEATRIZ MARTA (GPP) . Electa por Segovia
ESCUDERO SÁNCHEZ, MARÍA (GPS) . Electa por Granada
ESPADAS CEJAS, JUAN (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP) . Designado por la Comunitat Valenciana
FAGEDA AUBERT, JUAN (GPP) . Electo por Mallorca (ILLES BALEARS)
FERNÁNDEZ CUCURULL, NICOLÁS (GPP) . Electo por Ceuta
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JAVIER (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
FERNÁNDEZ ORTEGA, JUAN MANUEL (GPS) . Electo por Granada
FERNÁNDEZ SANZ, MATILDE (GPS) . Designada por la Comunidad de Madrid
FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA EMELINA (GPS) . Electa por Málaga
FERRADA GÓMEZ, ALFONSO GUSTAVO (GPP) . Designado por la Comunitat Valenciana
FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS) . Electo por Ourense
FLORES FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL (GPS) . Electa por Córdoba
FONT BONMATÍ, MARÍA ÁNGELES (GPP) . Electa por Guadalajara
FRAGA EGUSQUIAGUIRRE, LUIS MANUEL (GPP) . Electo por Cuenca
FRAGA IRIBARNE, MANUEL (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de Galicia
FUENTE FOMBELLIDA, MARÍA JOSÉ DE LA (GPP) . Electa por Palencia
FUENTES GALLARDO, FRANCISCO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Extremadura
FUENTES GARCÍA, RAFAELA (GPS) . Electa por Cáceres
FÚNEZ DE GREGORIO, MARÍA DEL CARMEN (GPP) . Electa por Ciudad Real
GARCÍA BALLESTERO, JOSÉ MANUEL (GPP) . Electo por Cáceres
GARCÍA CARNERO, DIONISIO (GPP) . Electo por Zamora
GARCÍA CARO, DIEGO (GPS) . Electo por Albacete
GARCÍA GARCÍA, DORINDA (GPP) . Electa por Asturias
GARCÍA GARCÍA, PABLO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Galicia
GARCÍA MARTÍNEZ, SEBASTIÁN (GPP) . Electo por Ciudad Real
GARCÍA NAVARRO, FERNANDO (GPP) . Electo por Cádiz
GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, PÍO (GPP) . Electo por Madrid
GIMÉNEZ MARTÍN, JOSÉ ARSENIO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León
GÓMEZ CERMEÑO, IZASKUN (GPS) . Electa por Guipúzcoa
GONZÁLEZ MELITÓN, LINO (GPS) . Electo por Cáceres
GONZÁLEZ TORRES, IGNACIO ALFREDO (GPP) . Electo por Burgos
GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO JESÚS (GPP) . Electo por Almería
GORDO PÉREZ, JUAN LUIS (GPS) . Electo por Segovia
GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) . Electo por Teruel
GRANADO PANIAGUA, MARÍA DEL CARMEN (GPS) . Electa por Badajoz
GUEIMUNDE GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN (GPP) . Electa por Lugo
GUTIÉRREZ DEL CASTILLO, MARÍA CONCEPCIÓN (GPS) . Designada por la Comunidad Autónoma de Andalucía
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN (GPP) . Electo por Palencia
GUTIÉRREZ LIMONES, ANTONIO (GPS) . Electo por Sevilla
HERAS MUELA, JUAN ANTONIO DE LAS (GPP) . Electo por Guadalajara
HERNÁNDEZ GUILLÉN, MARCOS FRANCISCO (GPS) . Electo por Lanzarote (LAS PALMAS)
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS) . Electa por Tenerife (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
HERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO MANUEL (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
HUGUET ROTGER, JUAN (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
HURTADO GARCÍA, MANUEL (GPS) . Electo por Murcia
HURTADO ZURERA, ANTONIO (GPS) . Electo por Córdoba
IMBRODA ORTIZ, JUAN JOSÉ (GPP) . Electo por Melilla
IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA (GPS) . Electa por Teruel
IRÍZAR ORTEGA, FRANCISCO JAVIER (GPS) . Electo por Guadalajara
ITURMENDI MAGUREGUI, JUANA (GPP) . Designada por la Comunidad Autónoma del País Vasco
JIMÉNEZ ARAYA, FRANCISCO (GPS) . Electo por Badajoz
JUNCAL RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL (GPP) . Electo por A Coruña
LACUEVA SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS) . Electo por Teruel
LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL (GPS) . Electo por Lugo
LAGO MARTÍNEZ, MARÍA PAZ (GPP) . Electa por Pontevedra
LAVILLA MARTÍNEZ, FÉLIX (GPS) . Electo por Soria
LERMA BLASCO, JOAN (GPS) . Designado por la Comunitat Valenciana
LERTXUNDI BARAÑANO, ROBERTO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma del País Vasco
LEYTE COELLO, MARÍA DEL CARMEN (GPP) . Electa por Ourense
LLANOS VÁZQUEZ, VICENTE (GPS) . Electo por Cáceres
LÓPEZ CARRASCO, FERNANDO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ (GPS) . Electo por Jaén
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER (GPS) . Electo por A Coruña
LUCAS GIMÉNEZ, JUAN JOSÉ (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León
LUZARDO DE LEÓN, MARÍA DOLORES (GPP) . Designada por la Comunidad Autónoma de Canarias
MACÍAS SANTANA, JOSÉ (GPP) . Electo por Gran Canaria (LAS PALMAS)
MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, CRISTINA (GPS) . Electa por Ciudad Real
MALDONADO I GILI, JOSEP (GPCIU) . Electo por Tarragona
MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP) . Electo por Soria
MARTÍNEZ HERRERA, JESÚS (GPS) . Electo por Zaragoza
MARTÍNEZ IZQUIERDO, EFRÉN LUCIANO (GPP) . Electo por Soria
MENA MARTÍN, JOSEFA (GPS) . Electa por Salamanca
MENDIOLA OLARTE, COLOMA FRANCISCA (GPP) . Electa por La Rioja
MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de Extremadura
MONSERRAT DE LEÓN, ALMUDENA (GPP) . Electa por Fuerteventura (LAS PALMAS)
MORENO CASTRO, LUIS (GPS) . Electo por Córdoba
MORLOTE PORTILLA, JESÚS (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Cantabria
MOYA MORENO, MARINA (GPP) . Electa por Cuenca
MUÑOZ MARTÍN, JOSÉ (GPP) . Electo por Salamanca
MUÑOZ-ALONSO LEDO, ALEJANDRO (GPP) . Electo por Madrid
MURILLO MURILLO, MARÍA ASCENSIÓN (GPS) . Electa por Badajoz
NAHARRO DE MORA, ENCARNACIÓN (GPP) . Electa por Albacete
NAVARRO PÉREZ, PATRICIA (GPP) . Designada por la Comunidad Autónoma de Andalucía
NICOLÁS MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA (GPP) . Electa por Murcia
ONGIL CORES, MARÍA GÁDOR (GPP) . Designada por la Comunidad de Madrid
ORTIZ PÉREZ, JUAN JOSÉ (GPP) . Electo por Castellón
ORTIZ ZARAGOZA, MIGUEL (GPP) . Electo por Alicante
PAGOLA SÁENZ, FRANCISCO JAVIER (GPP) . Electo por La Rioja
PAJÍN IRAOLA, LEIRE (GPS) . Designada por la Comunitat Valenciana
PALACIOS ZUASTI, JOSÉ IGNACIO (GPP) . Electo por Navarra
PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS) . Electo por León
PAN VÁZQUEZ, MARÍA DOLORES (GPP) . Electa por Pontevedra
PASTOR GONZÁLEZ, ILDEFONSO RAFAEL (GPP) . Electo por Valladolid
PEÑARRUBIA AGIUS, JOSÉ JOAQUÍN (GPP) . Electo por Murcia
PERAL GUERRA, LUIS (GPP) . Designado por la Comunidad de Madrid
PÉREZ DE JUAN ROMERO, MIGUEL ÁNGEL (GPP) . Electo por Ourense
PÉREZ GABARAIN, JOSÉ ANTONIO (GPS) . Electo por Guipúzcoa
PÉREZ LAPAZARÁN, JOSÉ CRUZ (GPP) . Electo por Navarra
PÉREZ LAPUENTE, MARÍA PILAR (GPS) . Electa por Zaragoza
PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP) . Electo por Granada
PÉREZ RUIZ, PEDRO JOSÉ (GPP) . Electo por Murcia
PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS) . Electo por La Rioja
PERIS JARQUE, ARACELI (GPP) . Electa por Castellón
PÉRIZ PERALTA, MARGARITA (GPS) . Electa por Huesca
PESTANA PADRÓN, ANSELMO FRANCISCO (GPS) . Electo por La Palma (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
PIÑEIRO GARCÍA-LAGO, GONZALO JAVIER (GPP) . Electo por Cantabria
PLIEGO CUBERO, JOSÉ (GPS) . Electo por Jaén
PORTA CANTONI, RUTH (GPS) . Designada por la Comunidad de Madrid
QUESADA BRAVO, ADORACIÓN (GPS) . Electa por Jaén
QUINTANA VIAR, JOSÉ (GPS) . Designado por la Comunidad de Madrid
RABANERA RIVACOBA, RAMÓN (GPP) . Electo por Álava
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP) . Electo por Málaga
RAMIS OTAZUA, FRANCISCO JAVIER (GPS) . Electo por Mallorca (ILLES BALEARS)
RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP) . Electo por Burgos
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP) . Electa por Toledo
RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO (GPP) . Designado por la Comunitat Valenciana
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, MARÍA JOSÉ (GPS) . Designada por la Comunidad Autónoma de Andalucía
ROIG I GRAU, JOAN MARIA (GPCIU) . Designado por la Comunidad Autónoma de Cataluña
ROJO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER (GPS) . Electo por Álava
RUBIAL CACHORRO, LENTXU (GPS) . Electa por Vizcaya
RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO (GPP) . Electo por Palencia
SÁINZ GARCÍA, MARÍA JESÚS (GPP) . Electa por A Coruña
SALAS MACHUCA, RAFAEL JAVIER (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía
SALMÓN SAIZ, ENCARNACIÓN (GPP) . Electa por Cantabria
SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS) . Electo por Granada
SÁNCHEZ DE ALCÁZAR OCAÑA, MIGUEL (GPP) . Electo por Jaén
SÁNCHEZ DÍAZ, OVIDIO (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ANA (GPS) . Electa por Zamora
SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, JUAN PABLO (GPP) . Electo por Guadalajara
SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, ALICIA (GPP) . Designada por la Comunidad Autónoma de Cataluña
SANÍN NARANJO, LUZ ELENA (GPP) . Electa por Ceuta
SANJURJO GONZÁLEZ, CARMEN (GPS) . Electa por Asturias
SANTANA DUMPIÉRREZ, SATURNINA (GPS) . Electa por Gran Canaria (LAS PALMAS)
SANZ CARRAMIÑANA, FRANCISCO JAVIER (GPS) . Electo por Navarra
SANZ MURILLO, BASILIA (GPS) . Electa por Sevilla
SANZ PÉREZ, ANTOLÍN (GPP) . Electo por Ávila
SAÑUDO AJA, DIMAS ANTONIO (GPS) . Electo por Vizcaya
SEDANO PÉREZ, JESÚS ANDRÉS (GPP) . Electo por Zamora
SERRANO ARGÜELLO, MARÍA ARENALES (GPP) . Electa por Valladolid
SILVA REGO, MARÍA DEL CARMEN (GPS) . Electa por Pontevedra
SIMÓN DE LA TORRE, JULIÁN (GPS) . Electo por Burgos
SUMELZO JORDÁN, SUSANA (GPS) . Electa por Zaragoza
TORRES COLOMER, JOSÉ LUIS RAMÓN (GPP) . Electo por A Coruña
UTRERA MORA, FRANCISCO (GPP) . Electo por Cuenca
UZQUIZA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL (GPS) . Electo por Álava
VALÍN ALONSO, JOSÉ (GPP) . Designado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León
VALLEJO SERRANO, FRANCISCO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía
VALLÉS MOLERO, JOSÉ LUIS (GPS) . Electo por Guipúzcoa
VAN-HALEN ACEDO, JUAN (GPP) . Designado por la Comunidad de Madrid
VÁZQUEZ REQUERO, FRANCISCO JAVIER (GPP) . Electo por Segovia
VELASCO MORILLO, ELVIRA (GPP) . Electa por Zamora
VICENTE GONZÁLEZ, YOLANDA (GPS) . Electa por Álava
VIERA CHACÓN, JOSÉ ANTONIO (GPS) . Designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía
VILA RODRÍGUEZ, ISAAC (GPP) . Electo por Ourense
VILAJOANA I ROVIRA, JORDI (GPCIU) . Designado por la Comunidad Autónoma de Cataluña
VILLAGRÁN BUSTILLOS, PEDRO (GPS) . Electo por Málaga
VINDEL LÓPEZ, MARÍA ROSA (GPP) . Electa por Madrid
XAMENA TERRASA, JUANA (GPP) . Electa por Mallorca (ILLES BALEARS)
ZUBERO BEASCOECHEA, IMANOL (GPS) . Electo por Vizcaya

Fuente: http://www.hacktivate.info/ley-biden-sinde-%C2%BFa-quien-representan-nuestros-senadores/

Saludos

[coriano2323]

Cultura quiere un canon al adsl y se niega a la devolución de lo pagado a las Administraciones

Los flecos de la Ley Sinde y la sintonía con la SGAE agravan su cisma con Justicia, Industria y las telecos

La dificultad de recuperar el canon digital inquieta a Justicia y Economía que podrían reclamar 300 millones

Su canon al adsl irrita a Industria -con el servicio universal paralizado- y reabre el debate de las tarifas planas

Sinde disputa con Sebastián la reforma del canon, el Plan de Contenidos Digitales (adscrito al Avanza2) y la Comisión de Propiedad Intelectual

Se ha venido arriba. Y lo hace ver. Enseña -a falta de un trámite en el Congreso- una ley gestada en la discordia con Sebastián y Caamaño, pero que, gracias al pacto con PP y CiU, le permitirá varios meses de respiro antes de reformar el canon digital, aún a costa de contradecir al TUE y la propia Subcomisión del Congreso. Sinde cierra filas con la industria cultural, buscan 'tiritas' para unas heridas que dan por inevitables. Todas pasan por la industria tecnológica, las telecos y, de paso, sus usuarios. Cultura se ha comprometido a promover un canon al adsl y a gravar nuevos dispositivos. Una propuesta con poca aceptación en la CMT que agita además el pulso ya añejo entre Sebastián y la ministra. El caballo de batalla ya no sólo es el cierre de las 200 webs de su 'lista negra', es el de los ingresos. La Coalición de Creadores desempolva la exigencia de cortes a internautas si no se reduce en un 70% la 'piratería' y ensaya alianzas forzosas para algún modelo de negocio con las operadoras de telefonía. La SGAE busca compensar un canon que hoy supone un tercio de sus ingresos -más que la venta de discos-  pero que depende en un 60% de las AAPP. Cultura promete una fórmula que no facilite la reclamación del canon digital ya pagado, que podría suponer hasta 500 millones para la SGAE, pero es Justicia la que tiene mayores facturas y la que se arriesga a la oleada de reclamaciones de las Administraciones.

Buscan el amparo del ministro de Industria el sector de hosting (exige compensaciones a la deslocalización), las patronales tecnológicas (se oponen a gravar nuevos dispositivos) y los operadores, a las que un canon al adsl las deja entre la 'espada' de las tarifas planas de internet, la 'pared' de la Comisaria Kroes y el silencio de Sebastián, sin planes para el servicio universal de banda ancha, ni redes ultrarrápidas. Que el canon digital no seguirá intocable por mucho más tiempo ha empezado a reconocerlo hasta Ángeles González-Sinde, a media voz con la Sociedad General de Autores. Cosas de la 'edad', para Sinde, que achaca las debilidades de una tasa que grava por ejemplo con 0,17 y 0,44 céntimos los CD y DVD vírgenes respectivamente a dos décadas de antigüedad de su regulación original y nueve años de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero que en Cultura y las Sociedades de gestión de derechos de autor harán del 'tiempo muerto' y los meses restantes hasta su obligatoria reforma la trinchera para sus expectativas, lo saben ahora todos los interlocutores de Sinde en el sector. Como desvelaba Josep Jover, la ministra hace suyas, ya sin ambages, las lanzas que enarbola desde hace meses la SGAE.  La advertencia del abogado que ganó el caso Padawan ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE -en NacionRed y Bandaancha.eu-, confirma en la Plaza del Rey 1, ya no se oculta  la voluntad manifiesta del Ministerio de Cultura y su Dirección General de Propiedad Intelectual de ampliar la aplicación del canon a nuevos dispositivos y el adsl, de entorpecer el procedimiento para reclamar el canon ya pagado y de hacerlo con la connivencia tanto del Partido Popular como de Convergència i Unió. Un mapa que los 'segundos' de Sinde ya dan por seguro, pero que puede topar con sus propias resistencias: si se cumplen los avisos de Elotrolado.net, la actual Ley de Propiedad Intelectual permitiría al Gobierno mediante orden ministerial modificar el listado de dispositivos y soportes sujetos al canon, así como los importes correspondientes, pero la Ley especifica que solo podrán ser gravados equipos, aparatos y soportes materiales, excluyéndose por tanto los servicios de telecomunicaciones.

Eduardo Bautista recibió la sentencia del TUE del 21 de octubre dejando, sobre la mesa de Sinde, Moncloa y Ferraz, diáfano su desafío: "si el canon no lo pagan las empresas y las administraciones, los usuarios pagarán más". Entre las tres opciones que plantea Teddy Bautista-gravar más a los particulares, a nuevos productos, o un canon al adsl- sólo las dos últimos tienen buena acogida en los despachos de Cultura, aunque dan de lleno en la línea de flotación de Francisco Caamaño y, sobre todo, de Miguel Sebastián. Proponen, de paso, analizar el caso de las empresas que hayan efectuado pagos, para ver si de cara al futuro se establece un mecanismo como el de los países nórdicos, donde las empresas hacen una autodeclaración de que sus equipos no se utilizarán para ese uso.

Será sólo otra nueva prórroga, tres o cuatro meses en los que buscar alternativas a su principal fuente de ingresos durante los últimos tres años -más de cien millones de euros anuales-, pero con el acuerdo entre PSOE, PP y CIU de respaldo a la 'Ley Sinde', la Sociedad General de Autores ha terminado por hacer de las necesidades ajenas virtud propia y de las contradicciones entre Ferraz y Génova, una de sus trincheras más seguras. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya había instado al Gobierno a suprimir el canon digital tras la presentación el 21 de septiembre de más de un centenar de enmiendas al Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), una decena a su disposición final segunda. Pero aunque la desaparición -primero- y la reforma inminente -después- del canon digital fue la 'condición sine qua non' explicitada  por el Partido Popular para hacer naufragar la primera ronda de negociaciones de la Ley Sinde a su paso por el Congreso en diciembre, el acuerdo definitivo en el Senado capitaneado por Jose María Lassalle sólo exige abordar una reforma (sin detalles expresos) mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea y revisar la regulación de la compensación equitativa por copia privada.tres meses después de que la LES entre en vigor.

El PP lo hace aún a costa de desandar sus propios pasos y de olvidar que en noviembre el Senado instaba al Gobierno, con los votos de todos los grupos menos los del PSOE (135 a favor, frente a 113), a presentar antes de seis meses un proyecto de ley de Propiedad Intelectual que tenga en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el canon digital. Y que en esa moción  el PP pedía además eliminar el monopolio de las entidades de gestión. Hasta que se crease este nuevo proyecto de ley, la Cámara sugería la aprobación de un Real Decreto de Conformidad para excluir de inmediato a empresas y administraciones "del pago de la compensación equitativa a los equipos, aparatos y soportes cuyo uso final no sea la copia privada" en reforma del artículo 25.7 de la LPI. Era, en realidad, la misma exigencia manifestada ya por la subcomisión de Cultura sobre propiedad intelectual y en un dictamen de Comisión Nacional de la Competencia a principios de 2010, que decía que "era preciso una reforma integral de la ley y eliminar las cuestiones monopolísticas que suponen las entidades de gestión".

Mariano Rajoy promete eliminar el canon si llega a la Moncloa, e incluso "buscar un sistema que sea más justo a la hora de defender los derechos de autor". Pero entretanto, ha sido Génova -y no Ferraz- la que ha permitido a la ministra González-Sinde driblar incluso los planes de José Enrique Serrano, antiguo jefe de Gabinete de Zapatero y su mano derecha- que ha llevado las riendas de la negociación con los grupos políticos y era partidario desde octubre de haber reformado el canon digital, al menos para ajustarlo a las exigencias del TUE. Al igual que sucedió con la tasa de las telecos para RTVE, ya los responsables de la Comisión Europea habían anticipado su posición contraria a esta suerte de multa indiscriminada, pero la Ministra se subió al 'no enmendalla' con el único ingreso que salvó los resultados de la SGAE en 2009. Ahora, los ajustes no solo afectarían a España sino a los 22 vecinos europeos con sistema de compensación por copia privada. Kroes y Almunia le pisan ya los talones a la futura reforma.

Un 'viaje a ninguna parte' que, en realidad, era ya de obligado cumplimiento por Luxemburgo. A pesar de haberle hecho oídos sordos durante tres meses, la segunda sentencia, deja poco lugar a dudas. El TUE, en su sentencia de 21 de octubre, no invalidaba el derecho a cobrar un canon por copia privada -no era su competencia en la causa de Padawan-, pero reconocía que su aplicación a empresas, profesionales y administraciones era "indiscriminada" y no acorde con la legislación comunitaria. Y con ello, abre la puerta al vuelco del modelo español en manos de la SGAE en un 90%. La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) permite la copia para uso privado de obras protegidas sin autorización del autor. Y para compensar, el legislador establece una retribución económica, que cobran de forma colectiva las entidades de gestión, entre ellas la SGAE. El canon se aplica desde 1987 a los equipos, materiales y soportes analógicos (como las cintas y grabadoras de cassette) y en 2006 se amplió al espectro digital. SGAE y ASIMELEC pactan en septiembre de 2003 un canon sobre los CD y DVD vírgenes, tras varios fallos judiciales que avalaron el cobro de tarifas de la LPI, originalmente pensados para equipos y soportes analógicos. Después, Industria y Cultura fijan las cuantías y dispositivos que pagarán canon, aunque no se publica en el BOE hasta junio de 2008. Dos meses después la Asociación de Internautas lo recurría ante la Audiencia Nacional, que ahora ha admitido a valoración la sentencia europea.

El 'tiempo muerto' recién consumado por González-Sinde, Lasalle y Bautista es, en realidad, en el que la SGAE niega de paso la devolución de los derechos cobrados a las administraciones y las empresas y aprovecha para seguir ingresando los derechos de autor anónimos (los que una vez recaudados no permiten identificar a su titular o contactarlo), un 15% de los derechos de autor que gestiona, más de 40 millones de euros anuales que sólo IU-ICV le ha exigido devolver, en el Congreso de los Diputados. Las urgencias del TUE y el padrinazgo de Sinde han acabado, de paso, por neutralizar los recelos de las otras sociedades de gestión, que criticaron durante 2010 la entidad liderada por Teddy Bautista por dañar su imagen y le abrieron la puerta al menos a un replanteamiento del modelo del canon, "el menos imperfecto de los modelos", según sus propias palabras. Aisge, DAMA y Egeda defienden el canon por copia privada pero eran ya oficialmente receptivas a establecer ciertas "excepciones" sobre quién debe pagar en España el canon por copia privada, para empezar a la posibilidad de excluir de los pagadores a  los juzgados. No olvidan que el 97% de los ingresos de la SGAE tan solo se reparten entre el 1,3% de los socios.

TIEMPO MUERTO PARA BUSCAR NUEVOS INGRESOS

A la Sociedad General de Autores, las batallas del canon digital le estallan al borde del peor momento para su modelo de ingresos. Saben que nada será ya lo mismo para el edificio de sus ingresos desde 2011; no sólo porque la avalancha de reclamaciones puede obligar a la SGAE a la devolución de hasta 500 millones de euros (que ya ha aclarado que no piensa reintegrar voluntariamente, aunque sus demandas siempre buscan el cobro retroactivo del canon), sino porque extraer del cobro a las administraciones, profesionales y las empresas -y cargarlo sólo a los particulares, como exige Luxemburgo y busca Ferraz- supondría reducirlo a un tercio de su aportación actual, unos 100 millones de euros en el pasado ejercicio, más de un tercio de los ingresos totales de la SGAE, que cobraba el 90% del canon digital de todas las sociedades. Aunque durante el primer trimestre de 2010 conseguía  amortiguar el descenso en sus ingresos, el balance de 2008 y 2009 ha puesto a la SGAE sobre aviso. A la Sociedad General de Derechos de Autor, durante dos ejercicios, sólo el canon digital le ha salvado unas cuentas cuyos ingresos cayeron un 11,5% en 2008, y un 5,1% en 2009, año en que la suma recaudada ascendió a 316,8 millones de euros.

La morosidad, un 24% al cierre de 2009, (entre 124,5 y 130,5 millones) es su principal dolor de cabeza. Y no son otras que las entidades públicas (de los que procede hasta un 60% del canon digital), sobre todo los ayuntamientos, los más morosos dentro del sector -la deuda asciende a 24,6 millones- en particular en el sector de comunicación pública (conciertos y representación de obra), que arrojó unos impagos de 61,7 millones de euros. Las televisiones y las radios dejaron de abonar entre 47 y 53 millones de euros y la reproducción mecánica (discos, vídeos, copia privada y redes digitales) alcanzó una deuda de 14 millones. Aunque su deuda fue también la que más creció: un 18,9%, al alcanzar 9,6 millones de euros, el canon por copia privada se había convertido, al menos hasta ahora, en el tratamiento paliativo para la SGAE, desde que en diciembre de 2008 se aprobó la Orden Ministerial para el gravamen sobre prácticamente todos los soportes y dispositivos de grabación disponibles en el mercado (que incluye móviles y memorias USB que antes no pagaban el canon), aún a costa de presuponer que toda persona o entidad que adquiera un soporte gravable o un dispositivo de almacenamiento lo va a emplear para copiar una obra sujeta a derechos de autor. Según el propio informe de la sociedad General de Autores y Editores, SGAE, en 2009 por primera vez los músicos tuvieron mayores ingresos por el canon digital, o derechos de copia privada (27,67 millones de euros, un 72,9% más que en 2008), que con la venta de CD, DVD y otros materiales físicos, que sólo alcanzaron los 20,46 millones de euros, un 30,5% menos con respecto al ejercicio del año anterior. En materia de conciertos y presentaciones en vivo, los ingresos cayeron, por primera vez, un 9,3%.

Las asociaciones de internautas y de consumidores ofrecen alternativas como una recaudación "exclusivamente" para productos originales de venta al público, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento "sencillo, eficaz y rápido" para la resolución de reclamaciones de quienes no estén obligados por ley a pagar. Por si acaso, la patronal comunitaria que congrega a las entidades de gestión de derechos de autor (GSAC), reclama desde junio de 2010 la criminalización del impago del canon por copia privada, para que pase a ser un delito penal en lugar de civil. Además, la patronal europea pretende gravar con el canon el creciente comercio electrónico, denegar el acceso a Internet a las empresas que venden productos sin haber abonado en canon correspondiente del país de destino (lo que obligaría a fiscalizar las ventas electrónicas) y gravar con canon el comercio intracomunitario. La propuesta de GSAC es, desde hace un semestre, lograr una "Ley Sinde europea" reforzada que incluya las penas de cárcel para el P2P, y sobretodo conseguir gravar todas y cada una de las transacciones económicas que se efectúan a través de la Red, desde pagar un billete de avión o hacer la transferencia de la nómina, pagarán también un canon digital.

La SGAE y la Coalición saben que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su 'lista negra', eso no mejoraría el mapa de sus ingresos.  Y es que hasta la industria de contenidos da por hecho la 'ineficiencia' del modelo de la Ley Sinde: hasta tal punto que exigen que si en un año no se ha reducido el 70% de la 'piratería online (a la que la Coalición de Creadores le atribuye pérdidas por 5.121 millones de euros), los cortes lleguen también a los usuarios. Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar por contenidos en Internet. Y subirse al carro de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones.

Los ingresos del negocio de los contenidos audiovisuales según Screen Digest crecerán un 25% en los próximos cuatro años hasta alcanzar los 3.200 millones, gracias a aplicaciones como Deezer o Spotify y a los servicios a medida diseñados por las propias operadoras de telefonía. Saben que a la vista de la tienda Pixbox de Telefónica -líder en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociación con compañías como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music- y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo. A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje.

Nada nuevo, la SGAE y el entonces Ministro de Cultura en 2008 llegaron a elaborar un  borrador de LPI en el que proponían a cuatro manos el cobro de 35 al año de canon por cada línea ADSL. Pero no es nada que esta vez la ministra no esté dispuesta a convertir en su escaramuza definitiva. Ya en julio de 2009 abogó por actuar contra la "fuente ilícita" para acabar con los contenidos que infringen los derechos de autor, siempre que al unísono  se "impusiera una tasa a los proveedores de Internet en su función de "conductores" de estos contenidos", Aunque las operadoras recuerdan que cobran tarifas planas y que el aumento del tráfico no redunda en más ingresos para ellas, al margen de lo que haga el cliente.  "¿Para qué necesitamos todos una línea de ADSL de no sé cuanto gigas? ¿Para mandar e-mails? Telefónica sabe que el 80 por ciento del volumen de tráfico en sus líneas es descarga de archivos", llegaba a declarar la ministra, "no necesitamos ADSL de gran velocidad, ya que todos los que contratan 20 megas lo hacen para descargarse contenido protegido". González -Sinde busca aliados en Moncloa. Para comenzar, en el vicepresidente Pérez Rubalcaba.

'VACUNAS' EN LOS BOLSILLOS DE LA INDUSTRIA TIC Y LAS TELECOS

A domicilio, la industria de derechos de autor le declara la guerra y le busca los bolsillos a las telecos españolas. El canon a la banda ancha era -decía en 2008 la SGAE- la fórmula para 'bendecir' y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dejó caer. Ahora, no se conforma con imponer un canon a los nuevos dispositivos de almacenamiento. La SGAE culpa al "aumento de ancho de banda y del número de internautas" del descenso de las audiencias televisivas y alerta en su Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2010,  de la caída de los ingresos por venta y alquiler de vídeo -hasta ahora la joya del sector- un 37% en un año y un 70% desde 2004 y de la facturación de la industria de videojuegos un 16%.

Las gestoras de derechos calculan que las operadoras han duplicado sus ingresos por contenidos audiovisuales y exigen una tasa por distribución de contenidos digitales que podría llevar por igual los apellidos de las telecos y de los proveedores de los servicios de internet, que incluso de las redes sociales. Las entidades cobrarían un canon a las operadoras, dinero que, a su vez, éstas recaudarían imponiendo una tasa a los navegadores e, incluso, a las redes sociales. En palabras del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, "es el momento". Le ha puesto ya los apellidos de Facebook, Tuenti o Twitter, al portal de vídeo de Google y a su buscador a las urgencias del 'día después' de las sociedades de gestión de los derechos de autor en España. Una opción que no estaba en principio en el 'menú' digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que el pasado trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor. Tratan de buscar la 'ocasión' en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- han llevado al debate en Bruselas ante la CE.

La industria audiovisual se ha guardado en la nevera de la prudencia de nuevo el proyecto de macroweb que la Coalición de Creadores (la que forman parte la SGAE o EGEDA, entre otras empresas de gestión de derechos de autor) prometió estrenar a cuatro manos con González-Sinde y con sitio para los títulos del lobby de Hollywood, la MPAA, o la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Pero a las puertas de la nueva regulación, la Coalición prometía -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la LES haga 'su efecto'. Los creadores buscan, en realidad, sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles. Entretanto, intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año.

Las propias cifras de la Coalición prevén –a la luz de su Primer Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales -que más de un 50% de los internautas estaría dispuesto a pagar por contenidos online, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio. Por eso el propio PSOE exigía al Gobierno un plan de impulso al sector de contenidos digitales "liderado desde el Gobierno, pero que cuente con la participación de empresas, creadores y otras instituciones, con la cooperación de diversos actores". Un programa que en Presidencia han decidido que vea la luz adscrito al Ministerio de Industria y al Plan Avanza 2, con un presupuesto inicial de 200 millones de euros y con su 'volante' en manos de Migujel Sebastián, lejos otra vez de Angeles González-Sinde. Y hacerle un sitio preferente, -si es necesario para calmar los recelos de Biden, el US Trade Council y el Congreso estadounidense-, a la industria audiovisual norteamericana.

La 'solución' del canon (alternativo o complementario) a través del adsl tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. Pero Industria no quiere agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado momentáneamente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los índices más bajos de penetración de banda ancha de los Veintisiete. No olvidan que los hogares españoles que no disfrutan de conexión a Internet o de banda ancha alegan sobre todo "razones económicas", según el último informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica. Y es que las presiones de Sinde llegan a la mesa del ministro justo ahora que aún tiene calientes  las conclusiones el informe sobre adsl de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que ha calculado que la mejor oferta de voz más banda ancha de velocidad media (de 2 Mb a 10 Mb) es el 21,2% más cara que la media de las mejores propuestas en Europa, aunque al mismo tiempo reconoce que las ofertas del resto de operadores de la UE recurren mucho más a las limitaciones de descarga o llamadas que los españoles.

Pero sobre todo, la 'batalla del canon al adsl' repunta ahora que las operadoras de telefonía acaban de radiografiar al Ministerio y la SETSI el ultimátum de sus ecuaciones en banda ancha: el informe "Un modelo viable para el futuro de Internet" publicado en diciembre por la consultora estratégica A.T. Kearney advierte que para garantizar la sostenibilidad del actual sistema, que exigiría inversiones por más de 8.000 millones (sin contar con despliegue de fibra), las operadoras de telefonía responden con varias posibles soluciones: o el aumento de los precios de las conexiones de banda ancha (la fija debería subir un 20% y la móvil un 40%); o  la segmentación de las tarifas, acabando con el concepto "plana", -hoy ya sólo en conexiones fijas- y tarifar a los clientes porvolumen de datos, por tipo de tráfico, o por horario; o la puerta abierta a servicios Premium que los operadores cobrarían por ejemplo, a los proveedores de contenidos. Vodafone decidía la semana pasada suprimir para nuevos clientes la navegación móvil en el ordenador sin límite de velocidad por descarga para evitar problemas derivados del uso intensivo de la red por un grupo muy pequeño de internautas -un 1% hacían uso del 20% de la red-.

No es casualidad que en la Sociedad General de Autores resuciten justo ahora la posibilidad de que si Google u otro de los gigantes de internet tienen que llegar a pago de tasas o de acuerdos económicos con las grandes operadoras de telefonía e Ips, una parte -un subcanon- vaya a compensar a las sociedades de gestión de los derechos de autor españoles. Ya en marzo, cuando el ministro Sebastián alentó el debate sobre la tasa Google que luego replegó en junio, Teddy Bautista, presidente de la SGAE, le puso nombre a sus expectativas: que Google y los buscadores paguen una tasa a los operadores por usar su red y, "para crear un modelo económico sostenible", que las telecos paguen a la SGAE para seguir permitiendo que fluyan los contenidos protegidos por sus redes. Los de Bautista han revivido esas esperanzas, ahora que la Comisaria Neelie Kroes se ha mostrado partidaria de permitir que los operadores de telecomunicaciones traten de manera diferenciada los contenidos de Internet que circulan por sus redes.

PULSO DE SINDE CON SEBASTIÁN, OTRA VEZ

Ni en Presidencia, ni en Industria han caído bien la amenaza de denuncias de la SGAE y otros colectivos de la industria  -ya hay una reclamación por-  y sus amenazas si la Ley Sinde no cumple sus expectativas. Si la ministra esperaba que, con el día después empezaran a cumplir sus promesas de 'macrowebs legales' y los planes que los de Aldo Olcese cifraban en cientos de proyectos, se ha encontrado con que retoman las amenazas con las que marcaron de cerca a Sinde durante todo el proceso y le ponen, de nuevo, fecha a sus ultimátum: Se curan en salud por si la Ley cumple los vaticinios de su ineficacia. La Coalición de Creadores exigirá de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios (tras el modelo de Irlanda y como pretenden instaurar otros Gobiernos como el de Reino Unido) si no se reduce en menos de un año un 70% la 'piratería', con o sin LES.

Cultura se ha anotado una victoria parcial con la 'letra pequeña' de la configuración de la Comisión de Propiedad Intelectual que tendrá la llave de la denuncia de webs y su sanción, si entra en vigor la LES. Es verdad que la SGAE y la Coalición de Creadores se duelen de la ausencia de representantes de las entidades de gestión en la futura Comisión de Propiedad Intelectual en la que, a cambio, tampoco habrá representantes de la industria digital. También, que la ministra ha conseguido neutralizar la presencia Sólo habrá tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia entre expertos (en la Sección Primera) y, sobre todo, un vocal del Ministerio de Cultura, uno del Ministerio de Industria, otro del Ministerio de Economía y un cuarto del Ministerio de la Presidencia en la Sección Segunda, la que debe encargarse de señalar a los infractores y determinar las sanciones a aplicárseles.

No es tampoco casualidad que la reunión del 12 de enero con autores, gestoras de derechos e industria tecnológica -la primera de las que vendrán- en la sede de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), dependiente de Miguel Sebastián, estuviera convocada por el Ministerio de Industria, a través de Juan Junquera, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, como lo harán las siguientes, aunque compartan coordinación con los enviados de Sinde. Ni que su finalidad manifiesta fuera acordar una reforma del canon digital, aunque entonces (como ahora) aún el Ejecutivo abogaba por esperar varios meses para formalizarla.

En el fondo de la polémica subyace -aún sin solución- un enfrentamiento entre el Ministerio de Industria -que respira por los recelos de las operadoras telefónicas que dan acceso a internet y los hostings de webs- y el Ministerio de Cultura, en sintonía con los creadores de contenidos y las asociaciones de propiedad intelectual. No es casualidad que en el estreno del FICOD compartido con Sinde, Miguel Sebastián aprovechara para intentar congraciarse con la industria de contenidos digitales y anunciar un Plan de incentivo de los Contenidos Audiovisuales adscrito al Plan Avanza2 y a su ministerio -nada de Cultura-, con 200 millones de euros de presupuesto para 2011. Y es que la Ley Sinde y el tentetieso de la reforma del canon digital le dan al ministro Sebastián en la línea de flotación de sus competencias y en los lazos de su relaciones -ya maltrechos, después de meses de tensiones- con la nueva patronal del sector tecnológico, AMETIC, la de las grandes operadoras de telefonía, Redtel y la de los hostings de internet. Todos exigen ante Castellana 160 la defensa de sus intereses.

No sólo es que el sector de la economía digital alerte de la que LES crea inseguridad jurídica, "pone en grave peligro el futuro de muchas empresas digitales de España" y la creación de nuevo tejido empresarial y nuevos modelos de negocio, en palabras de Adigital, la asociación que agrupa a más de 500 compañías digitales (desde bancos, o telecos, a distribuidoras, grandes superficies o proveedores de internet). Tras el acuerdo PSOE-PP-CiU tiene serias dudas sobre la compatibilidad entre la Ley Sinde y la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico, ya que plantea nuevas excepciones al principio de libre prestación de servicios. Tras la AI, la AUC y la ANEI, las asociaciones de internautas y empresas de economía digital acudirán ante la CE; se plantean denunciar la Directiva de Comercio Electrónico y vaticinan que la Ley tendrá los días contados antes de un ajuste, España no ha esperado a sintonizar con la regulación de propiedad intelectual que 'cocina' la UE. ANEI, además, reclama que "se abra un período de consulta para que el coste que van a suponer la Ley Sinde a las empresas españolas de hosting sea sufragado por la Administración Pública". Vaticinan que, ante la inseguridad jurídica a domicilio, muchas empresas de hosting  se ubicarán en otros países como "medida preventiva", lo que supondrá elevados costes para el sector.

Las operadoras de telefonía españolas no se han pronunciado esta vez aún sobre la nueva redacción de la Ley Sinde, pero advierten desde el primer momento que sin una reforma más profunda de la Ley de Propiedad Intelectual que se adapte al nuevo mercado de contenidos digitales, la Ley de Economía Sostenible corre el riesgo de naufragar, o cuanto menos quedarse corta. Sus 'flecos' las enredan por partida triple: como 'aliados forzosos' de los planes que la industria audiovisual quiere promover, como pagadores del canon al adsl (aunque lo reviertan en los clientes) y como IPS y responsables de la identificación que establezca el juez de lo contencioso a instancias de la CPI.  Redtel, la asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone, que suman el 90% de las conexiones del mercado español, además de exigir que la CPI tuviera entre sus competencias medidas de fomento de la creación de una oferta legal atractiva y ejecución de actuaciones de sensibilización de la opinión pública, alertaba en la primera redacción de la Ley Sinde del riesgo de incrementar "pronunciamientos contradictorios" y llover sobre mojado en el atasco de los juzgados. Ya el supervisor de Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, le ha advertido de manera formal a la presidencia española y a Barroso que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España pueden violar al menos dos directivas europeas: la 95/46, sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Y sugiere, en lugar de hacer responsables a las telecos y los proveedores de internet del contenido de sus redes (como sugiere el ACTA), medidas "menos intrusivas", como la monitorización ad hoc dirigida de cierto tráfico de Internet en lugar de la vigilancia global.

DESENCUENTROS EN FERRAZ Y SUS ALEDAÑOS

González-Sinde se ha entregado a las urgencias de la tramitación de la LES, tanto como para saltarse la reforma a fondo no sólo del canon digital, sino sobre todo, de la Ley de Propiedad Intelectual y la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), a pesar de que con sus prisas aumenta los riesgos de bloqueo de su Ley y dribla las pretensiones de su propio grupo parlamentario. Ya desde antes de que la Ley de Economía Sostenible pasara el visto bueno del Consejo de Ministros en 2010, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le avisaba de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautizaba una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que además de "su exigencia de revisar "tarifas inequitativas y discriminatorias", y el monopolio de la gestión de los derechos de autor, abogaba desde hace un año por instar al Gobierno a que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.

Pero la Conferencia de Presidentes autonómicos del PSOE en Zaragoza y la carta en EL PAÍS de Rodríguez Ibarra del 2 de febrero le han dejado claro a González Sinde que ni la regulación de la LES, ni mucho menos el silencio ante la LPI y sus propuestas para la reforma del canon son cosa hecha en el Partido. Si el ex presidente de la Junta de Extremadura propone "hacer un plan de reconversión industrial" con Sebastián como responsable, No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen. En la cuenta atrás para esa reforma del canon, militantes y cargos públicos del PSOE que se posicionan desde hace tres años en contra del canon vuelven ahora abrir las heridas de ese debate, tras cuestionamientos como los de la eurodiputada Paca Pleguezuelo y un grupo de legisladores y cargos socialistas extremeños. En diciembre de 2007, ya los socialistas conseguían un aprobado muy ajustado y la oposición del PP para la LISI sin la enmienda (impulsada entonces por ICV) que instaba a la desaparición del canon, con otras alternativas. En ese momento, el PP se opuso al canon, aunque durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) lo había avalado. Desde Moncloa, los partidarios de acabar con el canon argumentan que se trataba de una medida provisional que no ha cumplido con su objetivo de facilitar a los autores la reconversión a internet y ha acabado por  dar argumentos a muchos internautas lo han interpretado como una justificación para intentar descargar gratis música y películas de la red.

EL 'LIMBO' DEL CANON YA PAGADO CHOCA CON LA FEMP, FERRAZ Y JUSTICIA

Que la SGAE y las demás sociedades de derechos de gestión -en sintonía con ella en este asunto- no estaban dispuestas a devolver el canon digital pagado en los últimos cuatro años en fuera de juego las administraciones públicas, ya se lo habían dejado claro los de Teddy Bautista desde el mismo día después de la sentencia del TUE, al centenar de ayuntamientos y el puñado de autonomías que tienen listas sus solicitudes desde octubre. "No es coherente devolverlo". Ésa ha sido toda su consigna. Sabían, también, que contaban con la 'comprensión' de Ángeles González-Sinde.  Nada que en Cultura se atrevan a hacer manifiesto, aún, de forma abierta, para no revivir aún más la guerra de reclamaciones que se desató en octubre y noviembre entre las Administraciones Públicas socialistas. Y es que el tiempo muerto del pasado, le explota a González-Sinde en las manos de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)  y de la mismísima ministra de Economía. Elena Salgado no se ha pronunciado, ni hay solicitud formal de devolución, pero el Estado podría reclamar 300 millones de euros a la Sociedad General de Autores de España en concepto de devolución del canon digital, según los cálculos del propio Jover -.

Lo saben, antes de nada, en los despachos de Francisco Caamaño: no sólo porque su Ministerio es el más afectado por el pago del canon digital. Desde 2001 es obligatorio que los juicios civiles se registren "en soporte apto para la grabación y reproducción de sonido e imagen". Como recordaba El País en noviembre, al secretario judicial le corresponde la custodia de los originales y las partes, fiscal y abogado, podrán pedir, a su costa, una copia y desde 2004 han pagado años de canon. Además, se graban a efectos de apelación todas las faltas y los grandes procesos. El titular de la cartera de Justicia otea también la batalla de demandas contra y tiene el encargo de Presidencia de supervisar cualquiera que sea el desenlace de sus reformas. No quieren que acaben judicializados y obstruyendo las salas de los tribunales cuatro años de guerra por el canon digital, su cuantía y sus pagadores. La Asociación de Internautas (AI) sostiene que "la jurisprudencia del Alto Tribunal por cobro de lo indebido debe dirigirse contra quien aceptó el pago". Además de reclamar  a la SGAE, al fabricante o al importador -que cobraron el canon como meros intermediarios- el Estado podría encontrarse con una avalancha de denuncias directas por no haber hecho bien la adaptación de la directiva europea que ampliaba el canon al entorno digital.

De hecho, la 'guerra del canon' se había convertido desde hace ya semanas para Moncloa y de Ferraz en un abismo al que asoman otra vez sus desencuentros los ministros y los diputados socialistas, uno tan o incluso más amplio que el de la regulación misma de la Ley Sinde. Callan ahora ante la oleada de reclamaciones que para empezar, ha puesto ya entre la espada de los municipios y la pared de Ferraz a la FEMP, que representa al 98% de los gobiernos locales bajo presidencia del socialista Pedro Castro. Su Comisión de Cultura -que en abril ya acordó exigir a la Sociedad General de Autores un cambio de actitud y mejoras en lo que al pago del canon municipal. La Federación de Municipios y Provincias gobernadas por el PP, que representa a los equipos de gobierno de más de 3.300 municipios de España -el 40 por ciento del total nacional-, exigen al Ejecutivo central que modifique la Ley de Propiedad Intelectual. Pero no son sólo dos centenares de consistorios del Partido Popular los que han empezado a gestionar las reclamaciones del canon pagado en los últimos cuatro años y calientan exigencias de restitución por unos 100 millones de euros.

La Generalitat de Cataluña ha decidido erigirse como símbolo de la revuelta de las instituciones catalanas contra el pago del canon digital. El Govern ha solicitado a través de su Secretaría de Telecomunicaciones un informe jurídico y reclamará a la SGAE la devolución de los importes desembolsados -además de ayudar a tramitar las de otras administraciones bajo su competencia territorial- y anuncia que busca fórmulas para dejar de pagar desde ya el gravamen. Ayuntamientos como los de Sant Adrià del Besos (Barcelona), Calafell (Tarragona), el de León (con el alcalde socialista Francisco Fernández a la cabeza), Cádiz, Teulada, Benissa y Gata de Gorgos (Alicante), así como la Cámara de Comercio de Lugo, o el Parlamento de las Islas Baleares ya han puesto en marcha la cadena de reclamaciones por el reintegro del canon digital.

El consistorio de Barcelona por sí solo aventura cifras de la reclamación superiores a los 74.000 euros desde 2003. Si el Ayuntamiento de Madrid lo denunciara, sería más de un millón de euros. El Parlamento gallego ha demandado que la Xunta se dirija al Gobierno y le solicite la sustitución del canon digital por otro sistema que evite la "discriminación" entre usuarios que no copian obras sujetas a propiedad intelectual. La Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana se lo plantean. En la Diputación provincial de Albacete, que preside el socialista Pedro Antonio Ruíz Santos, se aprobaba por unanimidad (PP y PSOE) instar al Gobierno a suprimir el canon que los Ayuntamientos pagan a la SGAE. Y mientras tanto, exigen al menos explicaciones ante las manchas de opacidad de la recaudación. .La ley exige que en las facturas especifiquen la cantidad destinada al canon, pero en las facturas de los ayuntamientos denunciantes lo omitía. .En 2008, el Senado pidió información al Ministerio de Cultura sobre esta actividad y, como recuerda la Asociación de Internautas, todavía están esperando la respuesta.

Fuente: http://www.icnr.es/articulo.php?n=110204035924

Saludos

[coriano2323]

Una semana decisiva: ley Sinde, Declaración de Independencia del Ciberespacio y #Redada

    n nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquélla con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente.

El próximo 8 de febrero se cumplen 15 años de la Declaración de Independencia del Ciberespacio. En 1996, Johnn Perry Barlow escribió el que se ha tomado como texto fundamental de Internet, que, entre otras cosas, anuncia a los gobiernos que la red funciona en paralelo a ellos.

Al día siguiente, el 9 de febrero, el Senado español debatirá en pleno la ley Sinde, maquillada entre PSOE y PP, con el apoyo de CiU. El mismo día, en Madrid se llevará a cabo el cuarto encuentro #Redada, que tratará sobre los principales temas de debate estos días: Egipto, ciberderechos y, cómo no, ley Sinde.

Estamos, pues, ante una semana muy apretada. Será muy relevante, sobre todo por el significado que le dará a lo que pase en el futuro. El PSOE puede ver triunfar definitivamente su iniciativa legislativa para terminar con las descargas mientras los internautas celebran los 15 años de la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Si no fuera porque el gobierno de Zapatero se ha mostrado repetidamente tecnológicamente inculto, se podría pensar que han puesto la fecha adrede.

Así las cosas, habrá que estar atentos a los próximos días. Se decide demasiado para no prestar atención... ¿Cuándo decís que empezarán los ataques de Anonymous? Hagan apuestas.

Fuente: http://www.nacionred.com/gobernanza-de-internet/una-semana-decisiva-ley-sinde-declaracion-de-independencia-del-ciberespacio-y-redada

Saludos

[coriano2323]

Por cierto os informo de que todas las webs se estan empezando agregar a la red social http://www.flinkin.com y salvarse de la ley de Sinde

[Turbolover1984]

Por cierto os informo de que todas las webs se estan empezando agregar a la red social http://www.flinkin.com y salvarse de la ley de Sinde

Y en que consiste? Que relación hay entre agregarse y por ello salvarse de la Sinde?

[coriano2323]

Por cierto os informo de que todas las webs se estan empezando agregar a la red social http://www.flinkin.com y salvarse de la ley de Sinde

Y en que consiste? Que relación hay entre agregarse y por ello salvarse de la Sinde?

Te pongo lo siguiente:

Llega Flinkin, la enemiga de la Ley Sinde

Con la Ley Sinde saliendo del horno, Flinkin podría empezar a dar mucho que hablar. Se trata de una red social española de intercambio de hipervínculos, accesible desde todos los rincones del mundo. Flinkin, permite subir a la red las direcciones de interés, que normalmente se guardaban desde el navegador al ordenador, de manera que sean consultables a través de Internet.

Esta plataforma vio la luz por primera vez el pasado 21 de diciembre y actualmente ya dispone de más de 900 usuarios y más de 15.000 enlaces. Para que sea más sencillo almacenar esos enlaces, la red social ofrece herramientas como extensiones para Chrome y Firefox o RSS de los blogs, de manera que cada nueva entrada o enlace se almacena automáticamente en Flinkin.

Por otro lado, el orden es muy importante en esta red, por lo que cada uno de los enlaces están agrupados en diferentes categorías según corresponda. Además, el internauta puede colgar los que cree recomendables y comentar el por qué. Esta información puede clasificarla como privada, para su uso, o como pública, accesible a todos.

Flinkin tampoco tiene muro ni espacio para subir fotografías. Un miembro de la red puede enviar un mensaje a otros miembro, pero siempre de forma particular. "Él remite el mensaje y nosotros lo hacemos llegar a la cuenta de correo que ha registrado el otro miembro sin que el primero tenga información sobre de qué cuenta se trata", aseguraban desde la red social.

Fuente: http://www.muyinternet.com/2011/01/31/llega-flinkin-la-enemiga-de-la-ley-sinde

Al ser convertirse en red social se brinda antes la ley de Sinde La creación de su propia red social interna tendrá el efecto secundario de que su posible cierre por una comisión administrativa por albergar enlaces a material sujeto a derechos de autor, como prevé la ley Sinde, podría afectar a otros derechos fundamentales aparte de la libertad de expresion, libertad de informacion, entre otros.

Saludos

[Turbolover1984]

Interesante, gracias

[coriano2323]

Os actualizo el tema pero en este caso para enviarsela a los senadores que votaran el proximo miercoles la ley de Sinde

Recuérdales que tu voto cuenta, ayúdales a decir NO a la ley Sinde definitivamente

A pesar de las protestas y el nulo apoyo ciudadano, y tras haber caído en el Congreso, el PSOE intenta de nuevo aprobar la ley Sinde en el Senado el próximo miércoles (9 de febrero). xMailer es una aplicación web de democracía directa participativa, consiste en un código HTML que puedes integrar en tu web para que cualquier ciudadana/o pueda enviar un mail a los senadores del PP en cuyas manos está el que la ley Sinde sea o no aprobada. Puedes usar el siguiente formulario para enviar un mensaje automáticamente a todos los senadores del PP o copiar el código del formulario para pegarlo directamente en el de tu web o blog.

Esta ley esconde entre sus páginas una de las leyes más represivas que puede sufrir internet, la llamada Ley Sinde (diseñada por la SGAE y la Industria Cultural). Una ley que el Partido Popular (y probablemente otros grupos parlamentarios) están a punto de apoyar dando un giro irreversible a la libertad de expresión en Internet. Actúa rápidamente para evitarlo, exige a los representantes y a las bases de tu partido que apoyen las enmiendas para modificar la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (ley Sinde). Muéstrales tu preocupación ante estos hechos y exige que se posicionen públicamente en contra.

Las negociaciones que el PSOE está llevando a cabo con el resto de los grupos siempre han sido opacas, cerradas al escrutinio público y a la participación ciudadana (como convendría a un régimen verdaderamente democrático). Las consecuencias de esas negociaciones pueden tener efectos devastadores sobre la libertad del conjunto de la ciudadanía. Es el caso de la Ley de Economía Sostenible. Si bien es cierto que España puede necesitar un cambio de modelo económico, el ejecutivo de Zapatero, con la complicidad del PP intenta colar por la puerta de atrás una de la leyes más polémicas de esta legislatura: la llamada Ley Sinde, integrada en la LES (Ley de Economía Sostenible), como Disposición Final 2ª. Dicha propuesta de ley incendió la a los internautas a principios del año porque permitiría el cierre de cualquier web que aloje enlaces a contenidos con copyright, sin orden judicial, sin juicio previo y a petición de una comisión compuesta por las industrias culturales, abanderadas por la SGAE y las grandes discográficas. Infórmate de las implicaciones de esta ley

Estas son las consecuencias que tendrá esa ley:

* Cierre de webs y medios de comunicación sin orden judicial por un comité seleccionado a dedo por la industria multinacional del entretenimiento.
* Privación de garantías judiciales a medios de comunicación, podrán cerrarlos sin seguir el procedimiento judicial ordinario.
* Comités de expertos censores que no tienen que demostrar ninguna experiencia, amiguismo arbitrario que da poder a gente sin preparación demostrada para censurar y cerrar páginas web y medios de comunicación.
* Ministerio de cultura recibiendo listas de webs a cerrar desde el multinacionales en el extranjero que clausurar.
* Más de 2000 páginas web de La Lista de Sinde pueden ser clausuradas de inmediato.

Es un hecho sin precedentes en toda Europa. Una ley diseñada a medida del lobby de las industrias culturales agrupadas en La Coalición. Durante esta semana los senadores tienen en sus manos la libertad en la red. Sabemos que no hay libertad de ningún tipo sin libertad de expresión. Exprésale a los senadores tu preocupación por su votación a las enmiendas contra la Ley Sinde, que sea transparente y que nos diga si va a vender una libertad para comprar, dudosamente, otra (o simplemente para satisfacer sus necesidades de partido). Llama a las sedes locales de tu partido exigiendo que tu partido no puede quedarse callado frente al atropello a los derechos civiles que va a cometer el PSOE, sino que debería posicionarse radicalmente en contra o no tendrás motivos para votarles. Escribe también correos por tu cuenta directamente a tus representantes locales para pedirles que se pronuncien contra de la "Disposición Final 2º de la Ley de Economía Sostenible" y que así deseas que lo representen los senadores de tu partido en el Senado.

* Más información sobre La Ley Sinde en: http://red-sostenible.net/index.php/Documentacion

Fuente: http://xmailer.hacktivistas.net/

Campaña en redes sociales: Si votas #leysinde no te voto

Como sabrás en las próximas horas podría ser aprobada, con los votos de Partido Popular, PSOE y CiU la totalitaria Ley Sinde, que no es más que una excusa para reinstaurar la censura en nuestro país.

¿Quieres enviar tu mensaje de rechazo a los políticos? Nada mejor para ello que las redes sociales. Las mismas redes sociales que tanto les preocupan.

Te lo ponemos fácil. No tienes más que pulsar en los siguientes botones para enviarles un Tweet automáticamente o bien enviar a tu facebook esta entrada. Además, te animamos a dejar copia de esta campaña en los Facebook de los partidos políticos. O a quien tú quieras.

Que se enteren que estamos en contra de la Ley Sinde y que votar a favor de ella no va a salir gratis.

Para hacerles llegar este ultimo entrar aqui: http://libertad20.es/envia-automaticamente-tu-mensaje-de-rechazo-a-la-leysinde/

Saludos y compartirlo por la red y redes sociales

[coriano2323]

¿Cómo prevenir que su web sea cerrada por el Gobierno de EE. UU.?

A medida de que se está llevando a cabo una política de bloquear webs por la 'violación de la ley', los operadores de sitios que ofrecen uso compartido de archivos, distribuición de audio y vídeo o enlaces a otros, están buscando vías de atenuar estas acciones agresivas, informa TorrentFreak.com.

Por ejemplo, esta semana las autoridades de Estados Unidos iniciaron un nuevo turno de la clausura de los dominios, ahora contra las webs cuyo contenido o servicios están relacionados con temas de deportes, como Rojadirecta.net y Rojadirecta.com.

De cara a esta política, SearchFreak, un ingeniero de Internet y un director de un negocio en la Red que cuenta con millones de usuarios (como TorrentFreak.com), elaboró una lista de pasos necesarios que serviría como una guía para que los propietarios defiendan sus webs.

En primer lugar, se propone evitar la registración de los dominios gestionados por VeriSign o Afilias. La primera compañía opera los .com, .net, .cc, .name y .tv, la segunda .info, .org, .mobi, .in, .me, .aero y otros. Si su dominio tiene otras extensiones, entonces no podrá ser castigado. Segundo, el autor de la lista aconseja evitar los registradores estadounidenses, argumentando que los tribunales de EE. UU. ordenan a los registradores nacionales a entregar los dominios sin avisar al propietario actual.

Asimismo el autor propone evitar que el sitio web sea alojado por una compañía estadounidense, para que no sea bloqueado fácilmente, provocando la pérdida de los clientes. Más aún, es aconsejable para un propietario de un negocio en la red, registrar su compañía en el extranjero (esta medida también puede ayudar a pagar menos impuestos).

Luego, en caso de tener un sitio donde los usuarios cuelgan vídeos o cualquier otro contenido o guardan sus archivos, o proveer servicios en línea, sería razonable crear una página en el sitio donde se puede aceptar las demandas para quitar el contenido de acuerdo con la ley de copyright estadounidense (DMCA, Digital Millenium Copyright Act). Asimismo, de acuerdo con la normativa, hay que registrar a un agente en la Oficina de Derecho de Autor de EE. UU. para que reciba las notificaciones de la violación alegada y efectúe otros procedimientos en letra de la ley.

También, citando la decisión conocida como el 'caso Betamax' (en 1984 el Tribunal Supremo decretó que Sony no era responsable de que los usuarios de sus cassettes de vídeo Betamax, copiaran los programas de televisión sin permiso, ya que podrán utilizarse para propósitos legítimos, como el time-shifting), el autor de la lista sugiere que el producto que ofrece el propietario del sitio web cumpla con la no-infracción de copyright.

En general, para enfrentar exitosamente los pleitos del derecho de autor, es aconsejable conocer bien la ley y atenerse a las medidas expuestas arriba, explica SearchFrick, así como 'actuar juntos'.

Fuente: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/internet_redes/issue_20305.html

Os recomiendo a todos pasarlo por la red y redes sociales

Saludos

[coriano2323]

¿Qué camino le queda a ley Sinde?

    * Este miércoles será aprobada en el Senado y después volverá al Congreso
    * Se tiene que redactar el reglamento que regula la Comisión de Cultura
    * González-Sinde espera que comience a funcionar en verano

La ley Sinde será previsiblemente aprobada este miércoles en el Pleno del Senado con los votos de PSOE, PP y CiU que el pasado 24 de enero alcanzaron un acuerdo para salvar un texto que fue tumbado en el Congreso a finales de 2010.

    * Acuerdo sobre la Ley Sinde

La ley (ver texto íntegro), con algunos cambios respecto a la anterior versión, prevé el cierre de páginas web con contenidos protegidos con derechos de autor.

Con respecto a la primera redacción, se añade la intervención judicial en el primer momento del proceso, el de la identificación del "responsable del servicio que está realizando una conducta presuntamente vulneradora".

El siguiente paso que tiene que dar la ley es ser refrendada en el Congreso, algo que podría darse dentro de unas cuatro semanas según ha asegurado la ministra Ángeles González-Sinde. "La ley la tendremos cuando el Congreso la apruebe, quizá a mediados de marzo", ha afirmado.
Redacción del reglamento

Es previsible que la ley pase sin problemas también esta votación. Después se tendrá que desarrollar el reglamento que establece el funcionamiento de las secciones de la Comisión de Cultura, el organismo que, previa denuncia, llevará ante el juez a las páginas que vulneren la propiedad intelectual.

A lo mejor para el verano podemos empezar a aplicar los primeros casos

Ángeles González-Sinde ha asegurado que "a lo mejor para el verano podemos empezar a aplicar los primeros casos", por lo que según sus previsiones el texto estaría terminado en unos tres meses.

Sin embargo, no hay plazos establecidos para la redacción de este reglamento, del que se hará cargo previsiblemente el Ministerio de Cultura. El abogado especialista en propiedad intelectual, Javier de la Cueva, afirma en declaraciones a RTVE.es que hablar de plazos en torno a la puesta en marcha de la ley es "pura especulación".

De la Cueva maneja dos supuestos. Uno, que el reglamento "ya esté redactado" o dos, que "encarguen el reglamento a un despacho externo de abogados imponiéndole ciertos plazos".

En cualquier caso el abogado remite a su experiencia profesional para afirmar que "tendrían que correr mucho" para que la ley estuviera en funcionamiento en verano.
Nombramiento de los miembros de la Comisión

Tras el desarrollo del reglamento habría que nombrar a los miembros de la Comisión dividida en dos secciones.

La Sección primera estará formada "por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera".

La Sección segunda, que es la que decide el cierre de webs previa autorización judicial, se formará bajo "la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia".

Una vez constituida, la Comisión podría empezar a bloquear webs y pedir la retirada de los contenidos declarados infractores.
¿Nuevos obstáculos?

Todo esto si no se encuentra por el camino con nuevas modificaciones y supera los vientos que la polémica ley sigue teniendo en contra.

Una treintena de asociaciones de internautas y del sector informático estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley Sinde y frenar su aprobación.

Según el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez, que se pueda cerrar una página web "por si acaso puede hacer daño es algo que no cabe en la Constitución".

La Red continúa oponiéndose activamente a la ley y desde diversas plataformas como RedSos y redes sociales como Twiiter se insta a escribir a los senadores para que no voten a favor del texto.

Por su parte las entidades de gestión desean que la maquinaria "antidescargas" comience a rodar cuanto antes. Esperan que frene a las páginas que consideran "piratas" e "ilegales" y a las que responsabilizan de grandes pérdidas en la industria cultural. Aunque también criticaron los últimos cambios del texto, ya que "aportan dilación al procedimiento".

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, afirmaba tras conocerse el texto acordado en el Senado que este era un "procedimiento más lento".

"El problema es que estamos en manos de los jueces, que nunca sabemos si los plazos se van a cumplir o no", añadía.

De momento es difícil poder hablar de plazos con una ley cuya tramitación se remonta al 27 de noviembre de 2009. Ese día el Gobierno presentaba el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en cuyas disposiciones finales se recogía lo que más tarde se bautizó como ley Sinde. Hoy cumple un año, dos meses y doce días.

Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20110208/camino-queda-a-ley-sinde/402558.shtml

Saludos

[coriano2323]

La ley Sinde resurge en el Senado con los votos de PSOE, PP y CiU

    * La ley antidescargas es aprobada tras el pacto entre los partidos
    * Las enmiendas aportan algunos cambios a la anterior versión
    * Se introduce la figura del juez en la identificación del responsable del servicio
    * Ahora la ley tendrá que ir al Congreso y redactarse el reglamento

La ley Sinde ha sido aprobada hoy miércoles en el Pleno del Senado con los votos de PSOE, PP y CiU que el pasado 24 de enero alcanzaron un acuerdo para salvar un texto que fue tumbado en el Congreso a finales de 2010.

La ley (ver texto íntegro), con algunos cambios respecto a la anterior versión, prevé el cierre de páginas web con contenidos protegidos con derechos de autor.

Con respecto a la primera redacción, se añade la intervención judicial en el primer momento del proceso, el de la identificación del "responsable del servicio que está realizando una conducta presuntamente vulneradora".
A favor

Durante el debate de las dos enmiendas que afectan a la ley antidescargas, englobada dentro del proyecto de ley de Economía Sostenible, el PSOE ha defendido la importancia del acuerdo alcanzado con el PP y CiU.

El senador socialista Félix Lavilla ha resaltado la importancia del texto en la defensa de la propiedad intelectual y ha afirmado que desde su grupo parlamentario son "conscientes del momento de transición que no ha terminado para dar paso a un nuevo modelo, y mientras esto sucede hay que proteger la propiedad intelectual, que es un derecho fundamental".

    Puede que el modelo no sea perfecto, pero hay que seguir adelante

Lavilla ha añadido que "puede que el modelo no sea perfecto, pero hay que seguir adelante".

Por su parte, el senador del José Manuel Barreiro, portavoz de Economía del Partido Popular no se ha referido a las enmiendas acordadas sobre la ley antidescargas, pero ha defendido que su partido retirara el veto sobre la LES como un "ejercicio de responsabilidad" aunque no estén de acuerdo con la totalidad del texto.

Ha sido su compañero de partido José María Chiquillo quien ha defendido con énfasis el texto acordado haciendo hincapié en el "reforzamiento judicial". El senador popular ha afirmado que la ley se "ha modificiado sustancialmente y hemos eliminado la redacción original".

Chiquillo ha añadido que la versión anterior era "un virus de censura" mientras que la actual es una herramienta que defiende "la libertad en la Red".

Por su parte Ramón Alturo, de CiU, ha explicado el porqué de su apoyo al texto consensuado y, como el PP, ha remarcado la "doble garantía judicial" del proceso, añadiendo que "no va contra los internautas, sino contra los propietarios de webs que obtienen beneficios de contenidos protegidos".

Los huertos tampoco tienen puertas pero nadie se lleva los productos

En contra

El senador del PSM Pere Sampol se ha pronunciado en contra de la ley Sinde como ya había anunciado. En su crítica al texto ha afirmado que "productores, creadores e internautas creen que estas dos enmiendas no solucionan el problema".

También se ha mostrado en contra Xosé Manuel Pérez Bouza, senador del BNG, que ha calificado de "parche" a la ley, añadiendo que "no contenta a nadie".

El senador de ICV Jordi Guillot ha criticado el texto consensuado afirmando que solo "echa más leña al fuego y no soluciona nada" y que aborta el diálogo que Álex de la Iglesia había comenzado con los internautas" que "terminó en su dimisión". Guillot ha añadido que desde su punto de vista hay dos propuestas posibles: "bajar costes y ampliar la oferta".

Narvay Quintero, de Coalición Canaria, también ha mostrado en el Senado su oposición a la ley calificándola de "una chapuza jurídica" que no pondrá fin a "la piratería en internet" porque lo que hay que cambiar es "el modelo de negocio".
Siguientes pasos

El camino de la ley antidescargas no termina aquí. Tras más de un año y dos meses desde que se presentara dentro del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible su largo periplo rodeado de polémica no llega a su fin.

Tras su aprobación en el Senado la ley tiene que volver al Congreso donde también es previsible que pase la nueva votación. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, prevé que este paso se realice en el plazo aproximado de un mes.

A continuación, se tendrá que desarrollar el reglamento que establece el funcionamiento de las secciones de la Comisión de Cultura, el organismo que, previa denuncia, llevará ante el juez a las páginas que vulneren la propiedad intelectual.

Tras el desarrollo del reglamento habría que nombrar a los miembros de la Comisión dividida en dos secciones.

La Sección primera estará formada "por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera".

La Sección segunda, que es la que decide el cierre de webs previa autorización judicial, se formará bajo "la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia".

Una vez constituida, la Comisión podría empezar a bloquear webs y pedir la retirada de los contenidos declarados infractores.

Todo esto si no se encuentra por el camino con nuevas modificaciones y supera los vientos que la polémica ley sigue teniendo en contra, sobre todo online.

En la red social Twitter #nolesvotes se ha convertido en uno de los temas del momento gracias a los mensajes de ciudadanos que piden materializar en las urnas su desacuerdo con la ley antidescargas.

Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20110209/ley-sinde-resurge-senado-con-los-votos-psoe-ciu/402987.shtml

Saludos

[Aloysius]

Menuda casa de P---S.

Sinde dice esto hoy, después de aprobarse la ley.

habrá que desarrollar el reglamento y constituir la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual

No soy un dechado en leyes...pero como narices se aprueba una ley sin tener reglamento?

[coriano2323]

Obama dio en octubre de 2009 el último 'empujón' a la ley Sinde

    * La reunión que mantuvo en la Casa Blanca con Zapatero fue decisiva para que España aprobara el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

    * Según varios cables analizados por '20minutos.es' hubo presiones muy activas de la industria estadounidense desde semanas antes de la cita.

    * EE UU quiso sacar "ventaja" de las ganas que tenía el presidente español de reforzar las relaciones bilaterales para "presionar" con la piratería.

    * '20minutos.es' publica los cables confidenciales de Wikileaks.

La defensa de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería en Internet se convirtieron en 2009 en una cuestión de Estado entre España y Estados Unidos. Así se deduce de la lectura de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, a los que 20minutos.es ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten. Los mandatarios de ambos países, José Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama, abordaron el tema en la reunión que tuvieron el 13 de octubre en la Casa Blanca dentro del programa del viaje oficial que realizó -por primera vez- el presidente español a Washington. Seis semanas después veía la luz el anteproyecto de ley de Economía Sostenible.

Así se explica en un cable diplomático enviado el 28 de octubre desde la Embajada estadounidense en Madrid, que resalta que el encuentro entre los jefes de Estado supuso, por un lado, el empuje definitivo a la recién anunciada Comisión Interministerial que debía establecer las bases para una nueva legislación contra las descargas ilegales en Internet –que se plasmaría después en la disposición final segunda o ley Sinde-; y por otro, una inyección de fuerza a la "disposición" de Zapatero para defender públicamente la necesidad urgente de encontrar una solución a un asunto que preocupaba profundamente a la Administración de EE UU desde 2004. 

España comunicó a EE UU que el mensaje sobre propiedad intelectual "había sido recibido"

Son apreciaciones de Arnold Chacón, encargado de Negocios de la Embajada y de redactar, en este caso, un texto resumen de varios acontecimientos en el que queda patente que la visita caló hondo, para bien, en las altas instancias del Gobierno español. De hecho, así se lo transmitió unos días antes en una reunión el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, según consta en otro cable confidencial; departieron en ella sobre todos los asuntos de los que habían hablado Obama y Zapatero, incluida la posibilidad de un nuevo viaje del español en enero a Washington.

León comunicó a Chacón que el mensaje del Gobierno estadounidense sobre propiedad intelectual "había sido recibido" y que el Ejecutivo español lo tenía ahora "en su punto de mira". El éxito no fue una sorpresa ya que, desde que Obama tomara posesión el 20 de enero, el Ejecutivo estadounidense empezó a ver la luz al final del túnel tras varios años de lucha quijotesca para implantar en España su ya conocido plan estratégico contra la piratería. El entusiasmo del Gobierno de Zapatero respecto a la llegada de Obama haría mucho más fácil retomar, entre otros, este problema.

"Creemos que el año que tenemos por delante nos ofrece oportunidades importantes para presionar al Gobierno español y que dé pasos definitivos", escribía el mismo Chacón como colofón a otro cable unos meses atrás. Fue el 2 de marzo, poco antes de que tuviera lugar la primera toma de contacto personal entre Zapatero y Obama, en el marco de una cumbre entre EE UU y la UE en Praga; y antes también de que España fuera, de nuevo, incluida en la famosa Lista de Vigilancia 301 sobre la piratería en el mundo que elabora anualmente el Departamento de Comercio de EE UU. Una de cal y otra de arena.
Medidas "en cuestión de días"

En el mismo telegrama, en el comentario final, se apunta que España estaba cada vez más preocupada por su "imagen internacional", ya que en enero de 2010 ejercería la presidencia de turno de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el Gobierno de Zapatero tenía entre las prioridades de su agenda, según la Embajada en Madrid, "fortalecer" las relaciones bilaterales con EE UU mediante encuentros de "alto nivel". En este contexto, prosigue Chacón, España es consciente de que su problema con la piratería "perjudica" a nivel global las relaciones con la Administración Obama. La conclusión es clara: "Necesitamos encontrar otras maneras de utilizar este sentimiento en nuestra ventaja".

Y así fue. Para ello el Gobierno estadounidense contó con la ayuda de la industria de contenidos de su propio país. Según consta en uno de los cables, durante las semanas previas al encuentro del 13 de octubre entre Obama y Zapatero, la MPAA (Motion Picture Association of America) y la RIAA (Recording Industry Association of America), "presionaron activamente" para que el tema de la piratería se planteara en la reunión de la Casa Blanca. No fueron los únicos que actuaron: miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron "una carta" a la Oficina del Representante de Comercio y al mismo Departamento de Comercio "con el mismo mensaje".

La Coalición de Creadores calificó la creación de la Comisión de "maniobra cínica para darle a Zapatero algo que decir"

El 6 de octubre, una semana antes de la cita en Washington, las expectativas eran buenas. El entonces secretario de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Francisco Ros, reveló a los representantes de la oficina económica de EE UU que "en cuestión de días" el Gobierno español anunciaría nuevas medidas para la protección de la propiedad intelectual. Tres días después, el 9 de octubre, el Consejo de Ministros aprobaba la creación de la "Comisión Interministerial de Trabajo para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual mediante páginas de Internet", que debía presentar sus conclusiones antes del 31 de diciembre.

El presidente de la Coalición de Creadores, Aldo Olcese, calificó esta iniciativa de "maniobra cínica para darle a Zapatero algo que decir" si, efectivamente, el asunto entraba a formar parte del orden del día en su reunión inminente con Obama. Para Olcese todo formaba parte de "una táctica dilatoria" del Gobierno con el fin de buscar un acercamiento de posturas entre los países vecinos durante la presidencia de la UE. Poco trascendió en su día de lo que hablaron Obama y Zapatero, in situ, sobre piratería; de hecho, en la comparecencia conjunta posterior no se mencionó el tema. En España se supo, aunque hubo apenas un par de referencias.
Objetivo: no tocar el Código Penal

Los días posteriores al encuentro en la Casa Blanca, sin embargo, evidenciaron la prisa española por acelerar el proceso legislativo. Mientras el 19 de octubre la Coalición anunció la creación de una macroweb de contenidos "legales" a precios razonables que incluiría acuerdos con las majors de EE UU –y que luego fracasó-, dos días después, el 21 de octubre, Zapatero hacía la primera referencia en público al asunto de la piratería. Fue en una reunión con el American Business Council, organización de carácter independiente integrada por los grupos de empresas estadounidenses en España, en la que además mostró su "apoyo" a la negociación -en teoría, rota oficialmente en abril- entre los creadores de contenidos y las principales operadoras de telecomunicaciones.

El 23 de octubre, la Comisión quedó constituida con representación de ocho ministerios y acordó un programa de trabajo con otra fecha tope: el 10 de diciembre, como mucho, deberían tener unas primeras conclusiones redactadas. Sin embargo, algunas de esas conclusiones parecían estar ya definidas de antemano. Según consta en un cable fechado el 4 de noviembre, Carlos Guervós, subdirector general de Propiedad Intelectual, se reunió el 29 de octubre con María Pallante, representante de la Oficina de Copyright de EE UU, y le explicó con todo detalle el "componente legislativo" que incluiría el proyecto de ley que llegaría a la mesa del Consejo de Ministros: un sistema mixto para perseguir la piratería en la Red, con "soluciones judiciales y administrativas".

La idea era conseguir un procedimiento civil "sólido y ágil" para no modificar el Código Penal

La idea fundamental, por una parte, era conseguir un procedimiento civil "sólido y ágil" para no tener que modificar el Código Penal, una tarea, según Guervós, "ardua y controvertida". Pero el Gobierno también apostaba por un "remedio administrativo" mediante el que bloquear, retirar o eliminar contenido vulnerador de la propiedad intelectual para "detener la hemorragia" causada por la piratería en España. No se actuaría, añadió, contra los usuarios particulares. Y dejó muy claro que la propuesta, al no tramitarse como una ley orgánica, sólo necesitaría para ser aprobada la "mayoría relativa" del Congreso; sería así una tarea "fácil" y que llevaría poco tiempo.

En el comentario final del cable se indica que Guervós y Pallante acordaron en la reunión que el primero viajaría a Estados Unidos para informar a los "sectores privados interesados" del desarrollo de los acontecimientos. "Está por ver", se añade, "si la Comisión será capaz de cumplir su calendario hiper-acelerado y presentar sus propuestas en las nueve semanas que quedan para que finalice el año" y si el Gobierno "presionará" para la aprobación de la ley. Dicho y hecho: el 27 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluía un apartado final con la primera versión de la ley Sinde.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/952812/0/wikileaks/obama/leysinde/

Saludos

[coriano2323]

La doctrina del Destino manifiesto [por Josep Jover]

Josep Jover es el abogado que le ganó el pulso del canon digital a las entidades de gestión españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un infatigable defensor de la sociedad digital abierta que además preside APEMIT (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías).

Ahora también es colaborador de Nación Red.

La doctrina del Destino manifiesto (en inglés, Manifest Destiny) es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América (EE. UU.) está destinado a expandirse desde las costas del Atlántico al Pacífico, también usado por los partidarios, o para justificar, otras adquisiciones territoriales. Los partidarios del Destino manifiesto creen que la expansión no sólo es buena sino también obvia (manifiesta) y certera (destino). Se le puede comparar con la teoría del Lebensraum que impulsaban los nazis para justificar su expansión hacia el este de Europa y Asia Central. Sólo que éstos perdieron cada guerra en la que se enfrentaron.

La frase pasó a convertirse con el tiempo en un cliché, teniendo una connotación ideológica y posterior doctrinaria.

Esta definición extraída de la Wikipedia explica muy a las claras lo que ha pasado con la Ley Sinde, y sobretodo las enérgicas descargas de "autoridad" y de "responsabilidad" de nuestros políticos que han sufrido nuestras costillas.

Para tener una visión, creo que debemos responder una pregunta esclarecedora ¿Qué pasó en esa reunión, para hablar de la Ley Sinde, en la Academia de Cine?, que tanto revuelo ha causado, que tantos cuellos ha cortado.

Pues simplemente, fue que se sentaron una serie de señores, del país, capaces de verbalizar sus visiones del conflicto y capaces de entender las posturas de los demás, aunque no forzosamente obligados a compartirlas.

Por la Industria de Contenidos Cinematográficos, nominal promotora de la susodicha Ley estaban representados a su máximo nivel los tres sectores de la industria. : Los cineastas, los productores y los exhibidores cinematográficos.

Postura de los cineastas: Cada vez hay que hacer películas con menos presupuesto. No hay financiación adecuada, y si no la hay, no se puede competir en el mercado.

Postura de los productores: Producir en España, no es negocio. Si esto sigue así, se acaba.

Postura de los exhibidores: "El dinero lo ganamos con las palomitas". Salvo los grandes estrenos .... poca rentabilidad dan las películas. El espectador del cine prefiere una película americana antes que una española.

Se puso sobre la mesa un primer axioma: Sólo tienen descargas las películas que son éxito de taquilla. Las demás... es que ni las encuentras en internet.

A partir de ese momento se dejó de hablar de "piratas" y se empezó a hablar, entre nosotros, de cómo sentar las bases del modelo de la industria de contenidos para el Siglo XXI, modelo en el que los internautas se beneficiaran de los contenidos a precios razonables y los industriales ganen dinero. Hablamos de un diálogo directo entre el agricultor y el consumidor, para poner el ejemplo tópico. Y ese mensaje se lanzó a la sociedad

Y ese fue el mensaje que alarmó y escoció.

Expliquemoslo: . Las "Major" los grandes estudios norteamericanos tienen para los "países colonizados" la misma política. La producción se compra por lotes de películas, Para comprar un exitazo, el exhibidor viene obligado a comprar entre 13 y 26 films de los llamados de "serie B". La finalidad es clara: dar salida económica a muchas películas de segunda fila al mismo tiempo que colonizan los gustos de los espectadores y ahogan la producción nacional al ocupar las salas de proyección. Es un "circulo virtuoso".

Pero negocio más grande aún, es el negocio de las series de TV. Las Majors estaban acostumbradas a vender en lotes, series y películas de las productoras americanas a las TV nacionales. Hasta ahora, las televisiones compraban a precio de oro "estrenas" de películas y series que exhibían y reciclaban... y volvían a exprimir. El ciudadano tenía que esperar a que las emitieran en algún canal de la cadena en cuestión y tragarse toda la publicidad. Esta es la base del concepto multicanal de TDT, actualmente en quiebra.

Hoy, los fans de las series, las visionan por internet prácticamente en tiempo real, sin publicidad, a su estreno en los canales norteamericanos... y cuando llegan a España... ya son viejas. La Ley Sinde es la "Wiki-imposición" de "la Majors".

La norma se aplicará pues, en resumen, en la medida que al "amigo americano" y a su filosofía de "destino manifiesto" le interese en cada momento. La industria nacional, en este velatorio, es mera comparsa. Los indígenas son los equivocados y cualquier acción para eliminar la resistencia está bendecida por el "destino manifiesto"

De ello que al día siguiente de la primera aprobación en el Senado nuestra "Trini" fuera recibida por la Secretaria de estado "Sra. Clinton". La Sra. Sinde ha sido y es, como se ve, una mera lobbysta, como lo ha sido en otro orden de cosas Mubarak en Egipto.

John L. O'Sullivan, en un artículo publicado en la revista Democratic Review de Nueva York, en el número de julio-agosto de 1845. decía:

"El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente (mundo) que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino."

Es lo que hay

Fuente: http://www.nacionred.com/lobbies-pi/la-doctrina-del-destino-manifiesto-por-josep-jover#to-comments

Saludos

[coriano2323]

Manifestación convocada en contra de la ley SINDE en Sevilla



Pasado mañana, es decir, el próximo sábado 12 a las 18:00 delante del Ayuntamiento de Sevilla. Por el momento no tenemos noticias de que la manifestación se convoque también en otras provincias ese mismo día.

Es una fecha y una hora ideal, no te pierdas la cita. A las 18:00 el sábado ante el ayuntamiento de Sevilla.

También se recogerán firmas colaborando con la campaña en contra de la ley Sinde. Os mantendremos informados sobre próximas manifestaciones.

Fuente: http://www.noalaleysinde.com/archives/403

Os animo a todos asistir el proximo sabado a las 17:45 a la manfestacion de Sevilla o bien en la manifestacion que haya en Madrid en los premios Goya

Os recomiendo compartirlo por la red y redes sociales

Saludos